La Fiscalía Superior Anticorrupción llevó a cabo un recorrido en dos locales comerciales que fueron arrendados durante tres años pero nunca utilizados por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y que sería destinados a albergar Durante la inspección ocular, se verificaron los locales oficinas administrativas. A su vez, el equipo se trasladó a la sede central de MiAMBIENTE con la finalidad de identificar la existencia de los departamentos que supuestamente serían ubicados en los locales antes mencionados; en este caso, serían la Oficina Administrativa de Asuntos Indígenas y Auditoría Interna.
La fiscal, Anilu Batista Carles, indicó que también se solicitó toda la documentación relacionada con los contratos de arrendamiento de dichos locales, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Por su parte, María del Carmen Silvera, directora de Asesoría Legal de MiAMBIENTE, aseguró que la entidad ha brindado toda la cooperación necesaria para garantizar que el proceso se desarrolle de manera transparente y eficiente, para que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes contra quien resulte responsable. “Nuestra prioridad es garantizar que se esclarezcan todos los aspectos relevantes y que se cumpla con los más altos estándares de integridad institucional. Esta colaboración refleja nuestro firme compromiso con la legalidad y la transparencia en nuestras operaciones”, afirmó Silvera.
Tras la inspección, las diligencias continuarán con entrevistas y otros actos de investigación, con el propósito de acreditar el delito y determinar la vinculación de las personas involucradas.
Este hecho surge a raíz de una querella presentada por la actual administración de MiAMBIENTE ante la Fiscalía Anticorrupción, contra quien resulte responsable, por el alquiler de dos locales comerciales por un monto de B/.68,580. Estos locales fueron arrendados durante un período de tres años, desde 2021 hasta 2023, y el pago total fue realizado a un único propietario.
El Ministerio de Ambiente seguirá presentando las demandas que correspondan contra quienes resulten responsables por situaciones irregulares como esta, ante el Ministerio Público, a la vez que ya ha tomado todas las medidas correctivas para utilizar de manera eficiente, legal y transparente todos los recursos de la institución.
