El anteproyecto de ley N°209 de 2020, que busca regular la venta de cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado en nuestro país, se encuentra sin prohijar en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, luego que fuera excluido del orden del día el pasado 14 de abril, lo que impidió el inicio de su discusión en primer debate.
Víctor Castillo, presidente de la Comisión de Salud, indicó sin embargo que el prohijamiento de este anteproyecto debió ser incluido en el orden del día de dicha Comisión, pero se excluyó tras llegar a un consenso con los diputados que la integran para “discutirlo más a fondo”.
No obstante, Castillo agregó que el anteproyecto N°209 será llevado a discusión en las próximas semanas.
El diputado agregó que este anteproyecto de ley busca normar el uso de estos dispositivos a las personas que deseen utilizarlos.
El anteproyecto de ley N°209 fue presentado a la Asamblea Nacional por el diputado Edwin Zúñiga, y el mismo cuenta con el apoyo de Ramón Castillo exfumador y actual usuario de dispositivos electrónicos o vaporizadores.
A juicio de Castillo “con esta regulación podrá adquirir de manera legal una herramienta que le ha ayudado a dejar de fumar y mejorar su calidad de vida, sin tener que comprarlo en el mercado ilícito”.
Por su parte, la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de humo advirtió que Panamá no puede seguir manteniendo una prohibición desfasada sobre la venta de cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado, a pesar de existir cientos de estudios científicos independientes que respaldan estas alternativas como herramientas para la reducción del daño que producen los cigarrillos combustibles, por lo que solicitó que el análisis y discusión de este anteproyecto de ley tenga como base los estudios científicos más recientes sobre el tema.
Igualmente, advirtió la necesidad de valorar la decisión de las autoridades sanitarias más importantes a nivel mundial, como la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Salud del Reino Unido y los gobiernos de Nueva Zelanda, Uruguay y Grecia que, alineadas con la mencionada evidencia científica, han decidido respaldar estas alternativas electrónicas como herramientas de salud pública para reducir de forma importante el nivel de riesgo y por lo tanto mitigar las enfermedades producidas por el cigarrillo de combustión.
Finalmente, recordó que los más de 200,000 fumadores que hoy día habitan nuestro país deben poder tener el derecho a adquirir una categoría de productos que, de acuerdo con la evidencia científica existente a nivel global, han demostrado que son hasta un 95% menos perjudiciales que los cigarrillos de combustión.
“Estos fumadores quedarán expuestos a una política pública miope de “dejar de fumar o morir fumando”, habiendo alternativas menos perjudiciales para aquél 93% de fumadores que no logran dejar el cigarrillo”, enfatizó.
