La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hizo un llamado al Contralor General de la República a revisar algunas de las disposiciones del Reglamento de Medidas Precautorias y a eliminar la figura del secuestro, porque excede las competencias legales de la institución y vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho y del debido proceso.
La presidenta de la APEDE, Giulia De Sanctis, aclaró que, si bien la emisión del reglamento era necesaria para desarrollar el artículo 29 de la Ley 32 que regula a la Contraloría, el cual la faculta para adoptar medidas precautorias en casos de irregularidades, la inclusión del secuestro excede ese marco, ya que esta figura solo puede establecerse por ley y bajo control judicial, no mediante un reglamento administrativo.
De Sanctis explicó que, aunque la Contraloría tiene la responsabilidad de salvaguardar los recursos del Estado, no puede asumir facultades coactivas que impliquen afectaciones patrimoniales sin control judicial previo.
“El secuestro es una figura jurídica muy delicada que solo puede crearse y aplicarse mediante ley, bajo supervisión de un juez competente. Incorporarla por vía reglamentaria no solo traslada funciones del Órgano Judicial a una autoridad administrativa, sino que abre la puerta a decisiones arbitrarias”, señaló De Sanctis.
La presidenta del gremio empresarial subrayó que el Tribunal de Cuentas, órgano ejecutor de la Contraloría, no tiene facultades para decretar secuestros, sino para cautelar bienes. “Confundir cautela con secuestro genera un vacío legal y una superposición de funciones que erosiona la separación de poderes”, añadió.
“El país necesita una Contraloría fuerte, eficaz y transparente, pero no una que concentre funciones que pertenecen al poder judicial. La eficiencia institucional no puede lograrse a costa de los derechos ciudadanos”, expresó la presidenta de la APEDE.
Además, De Sanctis adelantó que el gremio está dispuesto a participar en los espacios de diálogo jurídico y técnico que sean necesarios para fortalecer los mecanismos de control estatal sin debilitar las garantías constitucionales. Reiteró que la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso son tan esenciales para el desarrollo nacional como la eficacia administrativa.
“Panamá no puede dar señales de inseguridad jurídica. Cuando un inversionista percibe arbitrariedad o concentración de poder, se debilita la confianza en el país como destino para invertir y generar empleo”, concluyó la presidenta de la APEDE.
