n los últimos años, nuestro país ha enfrentado desafíos que han puesto a prueba su solidez institucional, su modelo económico y la confianza que Panamá ha construido, con esfuerzo, ante los mercados internacionales. La reciente reafirmación —pero con señales de alerta— de nuestras calificaciones de riesgo por parte de Moody’s y S&P, junto con la degradación previa de Fitch, son un llamado directo a todos los panameños a fortalecer la gobernanza, la institucionalidad y la responsabilidad fiscal del país. Debemos tener claro que es un esfuerzo colectivo, un gobierno que ejecuta y una ciudadanía que exige y cumple con sus obligaciones.
Preservar el grado de inversión no es un asunto técnico reservado a especialistas. Es un tema que afecta de manera directa nuestra vida diaria. De él dependen las tasas de interés que pagamos en nuestros préstamos, en los créditos que se otorgan a nuestras empresas, los costos del financiamiento del Estado y por lo tanto la mayor disponibilidad de fondos para los servicios públicos, por ejemplo, la estabilidad del sistema financiero, la llegada —o no— de inversión extranjera y la capacidad del país para sostener empleo, crecimiento y competitividad. Panamá no puede arriesgar perderlo por la negligencia de algunos gobiernos y la indiferencia ciudadana.
Las calificadoras han sido categóricas: debemos reducir el déficit, corregir rigideces del gasto, elevar la recaudación, fortalecer la transparencia fiscal y garantizar estabilidad jurídica y combatir la corrupción. En pocas palabras, fortalecimiento institucional, como condición indispensable para proteger a los más vulnerables y para asegurar que el país pueda invertir en educación, salud, infraestructura y pensiones en el largo plazo. Es lo que siempre hemos defendido desde Apede.
En este contexto, el reciente anuncio del Gobierno de iniciar el proceso de adhesión a la OCDE adquiere especial relevancia. La OCDE constituye un marco de acciones y principios que obliga a mejorar la calidad del gasto público, la transparencia, la evaluación de políticas y la estabilidad regulatoria. Sus estándares coinciden con los elementos que las calificadoras consideran esenciales para mantener el grado de inversión. Si Panamá aprovecha este proceso con rigor técnico y voluntad política, que, aunque puede tomar muchos años, puede convertirlo en un motor de reformas que fortalezcan su credibilidad fiscal e institucional, y con ello su posición ante los mercados.
El mundo observa a Panamá. Los inversionistas también. Y nuestra región enfrenta una competencia cada vez más dura por atraer capital, talento y oportunidades. Proteger el grado de inversión, mejorar nuestro riesgo país, reforzar la seguridad jurídica y asegurar la estabilidad institucional deben ser prioridades nacionales, no banderas partidarias.
Pero esto no se logra desde una sola vereda. El país necesita consensos. Consensos políticos, institucionales, sociales y empresariales. La estabilidad económica no se decreta; se construye con diálogo, evidencia y decisiones responsables. Desde APEDE reiteramos nuestra disposición a colaborar con propuestas, conocimiento técnico y espacios de articulación que contribuyan a fortalecer la confianza en Panamá.
Desde APEDE, hacemos un llamado a que la política fiscal sea una política de Estado. A que las reformas no se posterguen. A que la institucionalidad se respete. A que el país avance, con claridad y responsabilidad, hacia un modelo más eficiente, más transparente y más competitivo. Panamá tiene todo para retomar la senda de confianza y liderazgo. El momento es ahora. Y el sector privado está listo para ser parte activa de las soluciones.
