La Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá y la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, rechazan la sanción por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, de la ley que prohíbe los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos sin combustión alternativos a los cigarrillos y advierten que con esta decisión se seguirá incentivando a más de 280 mil fumadores a continuar fumando cigarrillos tradicionales en el país, con todas las implicaciones que esto puede generar para la salud de la persona y sus familiares.
Ambas asociaciones coinciden en que prohibir los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y similares, con o sin nicotina, es un total contrasentido cuando estas alternativas son demostradamente menos dañinas que el cigarrillo de combustión; hallazgo con el que están de acuerdo autoridades internacionales de primer nivel como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y las autoridades de salud de los Gobiernos del Reino Unido, Nueva Zelanda, para nombrar algunos.
Hitler Cigarruista, presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, dijo que la sanción por parte del presidente Cortizo es contradictoria al propio sustento que utilizó en mayo de 2020 cuando vetó parcialmente esta misma iniciativa.
“Hace tan solo 2 años atrás, el presidente señaló que, al elegir la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y similares, como medida para controlar su comercialización, el Estado perdía la posibilidad de activar mecanismos de recaudación aduanera y tributaria que pudieran financiar los programas para garantizar el cumplimiento de temas regulatorios relacionados al tabaco”, cuestionó Cigarruista.
Cigarruista agregó que “con su firma ha sancionado una ley que viola el derecho que tienen los más de 280 mil fumadores panameños a tener acceso a alternativas de riesgo reducido como los cigarrillos electrónicos y calentadores de tabaco, perpetuando a su vez los efectos altamente dañinos del humo de segundo mano en casi un millón de personas que conviven con fumadores”.
A los argumentos de Cigarruista se suma Tomás Sánchez, presidente de la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá y añade que, además, en ese veto el presidente Cortizo reconoció que en la actualidad el comercio ilícito de cigarrillos combustibles en Panamá acapara el 80% del mercado total o 55 millones de cajetillas anuales. Esto representa alrededor de $165 millones anuales en lavado de dinero y expone a los consumidores a productos sin ningún tipo de regulación o control sanitario.
Sánchez menciona que el presidente ha reconocido que, aunque en Panamá está prohibida la comercialización del cigarrillo electrónico desde 2009, estos productos son adquiridos en el extranjero donde su comercialización es permitida, o bien son adquiridos por internet.
“Con esta sanción se está enviando un mensaje al mercado ilícito de que en Panamá está permitido el contrabando, violando así todos los convenios internacionales que ha firmado Panamá para combatir el contrabando”, advirtió Sánchez.
El presidente de la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá puntualizó que, con esta sanción, el presidente Cortizo condena a los fumadores a seguir utilizando el cigarrillo de combustión. “No hay alternativas para ellos, mientras que en el resto del mundo tienen acceso a cigarrillos electrónicos y otros dispositivos sin combustión menos nocivos”, dijo.
