El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) contempla la digitalización para el pago de alquiler a empresarios, propietarios y proveedores de arrendamientos de cuartos, habitaciones y apartamentos en el país.
Para tales fines, el Departamento de Prevención y Mitigación de Riesgo en la Vivienda de la Dirección Nacional de Desarrollo Social del Miviot impartió un seminario-taller de inducción, información y aspectos esenciales para la puesta en marcha del proceso digital.
La jefa del Departamento, Lexayra Ramírez, manifestó que se trata de un plan piloto cuya implementación completa se establece su inicio en enero de 2023 para proveedores y arrendatarios a nivel nacional.
Ramírez informó que alrededor de 30 proveedores y propietarios, que ofrecen alquileres de cuartos y apartamentos, participaron en la primera jornada de tres días de capacitación que busca la agilización de los trámites, evitar largas filas y el pago directo a los arrendatarios.
“La iniciativa ofrece transparencia en los trámites y cambia el procedimiento tradicional que consistía en hacer el pago de alquileres de subsidios semestral al beneficiado y ahora se pretende transferir mensualmente directo al proveedor y arrendatario”, recalcó Ramírez.
Aseguró que la institución suspenderá una vez inicie el proceso la entrega de cheques y procederá, a través de ACH, la acreditación de forma digital de la suma indicada de subsidio habitacional a la cuenta bancaria suministrada por la persona natural o proveedor.
El Miviot mantiene un compromiso de alquiler social con las familias en vulnerabilidad que se encuentran afectadas por casos de contingencias (desplomes, derrumbes y deslaves por eventos naturales y climatológicos, inundaciones e incendios).
Se benefician también los casos reportados en las comunidades, áreas y regiones por instituciones, autoridades municipales y locales cuando se trata de familias con algún grado de discapacidad, enfermedades crónicas, falta de movilidad, encamados y otros.
Las familias beneficiadas requieren de una evaluación socioeconómica realizada por trabajadoras sociales que determinan el problema habitacional y la urgencia de vivienda, y luego se asigna el correspondiente subsidio dependiendo del área o sitio del inmueble.
