Por Jorge I. González
Abogado
El 10 de julio de 1987, hace exactamente 38 años, fue el llamado Viernes Negro, uno de los episodios más trágicos de la historia nacional. Aquel día las tropas del régimen dirigido por Manuel Antonio Noriega sofocaron a sangre y fuego una inmensa manifestación opositora a la dictadura. Las compañías Dobermans y Centuriones de las extintas Fuerzas de Defensa (FFDD), junto a unidades armadas vestidas de civil, ejecutaron una operación represiva de envergadura que dejó a más de 600 ciudadanos detenidos y a cientos heridos, a consecuencia de los perdigones, golpes de mangueras y bastonazos. Hoy, en pleno 2025, un presidente civil, autonombrado por esas fechas como “civilista”, impone de nuevo el terror.
Aquel 10 de julio del 87, decenas de miles de manifestantes contrarios a la dictadura de Noriega colmaron los predios de la Iglesia del Carmen en Vía España, siendo duramente reprimidos y dispersados por la fuerza. En su repliegue, los protestantes levantaron barricadas en diversas calles de la capital, sitios como Calle 50, Universidad de Panamá, Vía Argentina, Obarrio, Perejil, Calidonia y otras áreas. El grado de violencia de los antimotines fue completamente brutal, tanto así que el Hospital Santo Tomás tuvo que acoger a una gran cantidad de heridos.
Los helicópteros volaron de manera rasante amedrentando a manifestantes y población en general del centro urbano. Columnas de humo de las barricadas se veían en el horizonte de la ciudad. Entre los cientos de detenidos, muchos fueron torturados física y psicológicamente, dándose testimonios respecto a actos degradantes, en la infame Cárcel Modelo. Cuatro décadas después, en pleno 2025, la gente de Bocas del Toro sufrió una violencia similar a manos de otra dictadura, en este caso, civil: la de José Mulino.
El país conmemora este 38 aniversario del Viernes Negro en medio de la más intensa represión acaecida contra el país desde la época de Noriega. La nueva dictadura de Mulino tiene poco que envidiarle a las Fuerzas de Defensa en materia de brutalidad policial, discriminación a pueblos originarios e instrumentalización del poder judicial contra toda forma de oposición político social. Dictadura civil de saco y corbata que viola el artículo 38 de la Constitución Política que establece el derecho a la protesta, y atenta contra varios criterios en ese sentido vertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que extiende el concepto de derecho a reunión y protesta a la beligerancia social en las avenidas.
La represión al pueblo de Bocas del Toro se desarrolló por espacio de veinte largos días y noches. Diez de operación Omega y diez más sin garantías constitucionales desde el 20 de junio. Hablamos de una población humilde de recursos, que cuenta con importante presencia indígena y en donde han sido sistemáticamente víctimas de sangrientos operativos coloniales de represión de la Policía Nacional, en sucesos como los de julio de 2010, cuando el rechazo a la Ley Chorizo y nuevamente en 2025, con la represión de Mulino a las protestas escenificadas contra la reforma a la seguridad social, arrojando saldo devastador de muertes, detenciones violentas, apresamiento de dirigentes bananeros, uso indiscriminado de gases contra población civil, vuelo intimidante de helicópteros a escasa altura, guerra psicológica a comunidades, denuncias de violencia de género y posibles delitos contra la integridad sexual, suspensión de las garantías constitucionales, discursos de odio desde el ejecutivo, cantidades indeterminadas de lesionados, reportes de personas desaparecidas, bloqueo a las comunicaciones, etc., entre otras formas de persecución y asedio, que nos hicieron recordar no solo al Viernes Negro, sino también al Mozote en El Salvador, cuando la población indígena desarmada fue rodeada y masacrada por el ejército en los 80.
José Mulino fue fundador de la Cruzada Civilista, organismo opuesto a la dictadura de Noriega, cuyos máximos líderes decían falsamente luchar por la democracia estando 100% vinculados a Estados Unidos, el cual se encontraba gobernado por el partido republicano con Ronald Reagan en la presidencia, igual hoy con Trump. Los métodos de EEUU respecto a Panamá cambiaron en la segunda mitad de los 80, más agresivos en la injerencia, pasando a planes de derrocamiento a Noriega, la desarticulación de las Fuerzas de Defensa y el derribamiento del bloque en el poder, considerando los gringos que dichas estructuras no eran lo suficientemente útiles a la estrategia yanqui en la región, y porque desde Washington se concluyó que serían un obstáculo potencial a todo intento de preservar el control del Canal de Panamá, y un freno a una eventual prolongación de la presencia militar yanqui en Panamá más allá del 31 de diciembre de 1999, fecha estipulada para el traspaso del Canal a manos panameñas y el fin de las bases norteamericanas, según los Tratados Torrijos Carter de 1977. La transición se logró finalmente gracias a la lucha del pueblo contra el CMA, base militar disfrazada.
El mismo personaje que electo presidente mutó a dictador civil, José Mulino, ligado a los intereses geo estratégicos del coloso del norte y apólogo de la genocida Invasión de EEUU a Panamá del 20 de diciembre de 1989, se esfuerza en revertir el proceso de liberación nacional e implementa contra el pueblo las peores prácticas represivas. El empresariado dirigente de la Cruzada Civilista quería solo reemplazar a los militares en el poder, y en los 90 olvidaron la profundización democrática aplicando recetas de privatización, mientras que sectores del pueblo que lucharon contra la dictadura en las calles fueron traicionados en sus aspiraciones de lograr una real democracia y mejores días de progreso.
El modelo económico político postinvasión impuesto por las bayonetas extranjeras, dio paso a una creciente frustración popular, pues se trata de un modelo de dependencia, concentrado en la economía de tránsito de espaldas al país profundo, un modelo que responde a la oligarquía rancia, afanada en la mayor plusvalía posible, de allí que anhelen a la Caja de Seguro Social mediante la Ley 462, y avanzar en su agenda de desnacionalización, lo cual quedó reflejado con la firma del memorándum de entendimiento con Trump, que violenta el artículo 325 de la Constitución Política, toda vez que la norma obliga a llevar a referéndum todo tratado, acuerdo, convenio, o entendimiento, concerniente al Canal y su protección.
Acumulando la experiencia histórica del siglo pasado y las luchas del siglo 21, la conciencia del pueblo ha ido fortaleciéndose y ganado mayor claridad, contrastando y confrontando el carácter de intereses de la burguesía oligárquica. Hablamos de un largo proceso histórico de reorganización del proyecto nacional popular, cuya respuesta represiva proveniente de las elites del modelo en crisis, evidencia el temor de las últimas a un pueblo que desde jornadas como 2010, 2012, 2022, 2023 y 2025, va abriendo poco a poco el campo a la refundación de la patria, que sea auténticamente democrática, equitativa y soberana, enrumbada por las fuerzas productivas materiales y culturales de la nación: el pueblo trabajador panameño.
Panamá, julio 10 de 2025.
