Por Jorge González
Abogado. Estudios en Derecho Administrativo y Derecho Internacional.
El mundo asiste a un reconfiguramiento de las relaciones de poder internacional. El esquema de la postguerra fría explotado por Estados Unidos, EE. UU., basado en el discurso de la libre competencia a partir de su primacía tecnológica, y en donde el uso de la fuerza militar imperial buscaba aparentar ciertos consensos entre gobiernos burgueses, y ajustarse al molde de organismos internacionales como la ONU, ha dado paso en la actualidad a la puesta en práctica de un método diferente, más agresivo, unilateral, sectario, inspirado en las cañoneras gringas de albores de siglo 20, esto es, el uso abierto de la fuerza militar y la agresión económica, sin disimulo, sin reparo en excusas o narrativas. La ley del más fuerte, o de quien cree serlo, hasta que es enfrentado por la unidad de las fuerzas democráticas que luchan por la paz y de la libertad de los pueblos, como ha pasado a distintos imperios que han caído producto de las contradicciones internas y externas.
La presencia arrogante, amenazante, de la flota de EE. UU. en el Caribe, frente a las costas de las naciones hermanas de Colombia y Venezuela, es la manifestación más fehaciente de este nuevo paradigma de la política exterior del coloso del norte, que se afana por recambiar la estrategia de hegemonía en crisis, puesta en escena durante lustros previos, a una de control total, de dominación, sin adornos narrativos, que solo puede basarse en la fuerza del ejército norteamericano, y dentro de los estados amenazados, en la represión desplegada por las elites criollas adláteres y subalternas del imperialismo, partidarias de la dependencia y del unilateralismo cultural y geo económico político.
Según el recién bautizado colorario Trump, emulando al colorario de Teodoro Roosevelt, los magnates de EE. UU. se asumen portadores de un imaginario “derecho civilizatorio” de imponerse sobre América Latina, a la que consideran su espacio de supremacía inmediato, en función de lo cual en la actualidad reviven la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, en respuesta a la imposibilidad histórica de materializar el gobierno mundial que soñaron los jerarcas del globalismo financiero, a consecuencia del surgimiento de potencias emergentes en los países ex coloniales y dependientes, el auge del multilateralismo, el apego de las naciones a su soberanía, y la persistente resistencia de los movimientos populares que lograron accesar al poder de varios estados latinoamericanos, con agendas soberanistas, progresistas y socializantes.
El ciclo progresista latinoamericano de comienzos de siglo 21, así como la arquitectura internacional del multilateralismo, hallaron impulso en Hugo Chávez, gran arquitecto de la geopolítica anti hegemónica del sur global. Los sectores fascistas y culturalmente, más conservadores, de la sociedad estadounidense, partidarios del proteccionismo interno, la agenda petrolera, el extractivismo, y codiciosos de tierras raras, mezclados con elementos de la elite neocons, consideran llegado su momento tras el cambio de mando presidencial en EEUU, y lanzan su contra ofensiva buscando asegurar el dominio directo de América Latina.
El nuevo paradigma de política exterior del imperio pretende cancelar todo espacio de autonomía al sur del Río Grande, colocados nuestros países latinoamericanos, en el centro de su estrategia de reavivamiento supremacista, mancillada producto de las contradicciones de la creciente competencia multilateral, la coordinación de desde enfoques alternativos, basados en la cooperación y despojados de todo vicio de hegemonismo, hablamos de grupos como el BRICS ampliado y otros de corte multilateral. Como vemos, bajo Trump, el ejercicio del poder imperial no se trata de hegemonía, de “soft power”, sugestión, penetración cultural, metodologías diplomáticas e intercambios, se trata de poder bélico, dominación total.
Antes de su toma de posesión presidencial en enero de 2025, el mundo fue impactado por la crudeza de las declaraciones de Donald Trump contra Panamá y el manejo que esta nación ejerce sobre el canal, desde 1999, en virtud de los Tratados Torrijos Carter, y sobre todo, por la centenaria lucha anticolonialista del pueblo panameño. Las declaraciones altisonantes y ofensivas de Donald Trump no pararon allí, amenazó también con comentarios anexionistas a Groenlandia y Canadá, y cuestionó peyorativamente el nombre del Golfo de México, entre otras muchas de sus expresiones proferidas durante meses contra la soberanía de varios estados del mundo, de manera completamente antagónica al principio de autodeterminación de las naciones que rige las relaciones internacionales.
Panamá fue amenazado con un ataque militar, usando Trump y su equipo gubernamental de ultraderecha, la excusa de una supuesta presencia dominante de China Popular en el canal, argumento completamente falso, pues la gran nación de oriente nunca pretendido ejercer influencia hegemónica en Panamá, ni mucho menos a representa una amenaza militar a la integridad del estado panameño y el funcionamiento del canal, el cual es manejado por personal panameño. Por el contrario, China Popular en todo momento apoyó la lucha del pueblo panameño por la soberanía en la antigua zona del canal, en su momento bajo control de aquellos que hoy pretenden eregirse en defensores de la democracia y que no obstante, impusieron por décadas un régimen de apartheid contra los panameños y afroestadounidenses: los EE. UU..
A partir de las amenazas de agresión norteamericana y la complicidad amanuense del gobierno de José Mulino, desoyendo este último el clamor patriótico de sectores nacionales, fue firmado entre ambos gobiernos un memorandum de cara a algún tipo de presencia militar de EE. UU. en Panamá, violando lo establecido en la Constitución Política de Panamá, que en su artículo 325 establece la obligación de someter todo acuerdo sobre protección del canal, a su ratificación de la Asamblea Nacional, además del imperativo de una consulta popular. El memorándum de entendimiento es inconstitucional, configurando traición a la patria, delito contra la personalidad internacional del estado, de acuerdo a las leyes penales panameñas.
Las relaciones diplomáticas y comerciales entre los estados de China Popular y Panamá, son una atribución soberana. Responden a una necesidad de las fuerzas productivas y son una consecuencia de siglo y medio de aportación culural y laboriosa de la comunidad china al progreso material y la composición social del pueblo panameño. La presión de EEUU contra Panamá no es un hecho aislado, ni fue obra de un desenfreno súbito carente de causa por parte de Trump y su secretario de estado, el derechista de origen cubano, Marco Rubio. Hay una explicación profunda, estructural, estratégico, que sirve de basamento para una comprensión de la política norteamericana reciente.
Las amenazas bélicas a la soberanía panameña eran las primeras manifestaciones de un replanteamiento estratégico de la geopolítica norteamericana, orientado a contrarrestar el declive mundial de EEUU, mediante esfuerzos por contener a Rusia y China Popular, en tanto que imponen a los países latinoamericanos, un poder de carácter brutal, vulnerando todas las formas, contenidos y principios, del derecho internacional público, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y los instrumentos jurídicos de derecho internacional, todos los cuales rechazan la agresión y las medidas de coerción económica unilateral, como las sanciones contra Cuba, Venezuela, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, entre otros, además, todas las prácticas de guerra arancelaria de la administración Trump contra diversos estados del mundo. Adjunto a sus amenazas militaristas, Trump interviene en los procesos electorales de América Latina, como sucedió en Argentina y Honduras, advirtiendo que de no ganar las opciones preferidas por su administración, dichos países podían ser objeto de sanciones económicas, lo cual significa un atentado a la paz y la integridad de dichas naciones, en un claro acto de injerencia.
La agresión contra el pueblo de Venezuela hace parte de una agresión más general contra todos los pueblos de América Latina. Las amenazas de bombardeos aéreos se han extendido a Colombia y México. La argumentación del combate al narcotráfico es un evidente subterfugio para disfrazar la animadversión de Trump y de la ultraderecha cubana, venezolana y norteamericana, por los estados gobernados por proyectos políticos y sociales de corte soberanista, opuestos a la relación de subordinación económica a EEUU, que es la lógica de acumulación de las oligarquías locales.
La postura de los gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum ha sido clara en defensa de la autodeterminación de sus pueblos y en rechazo a toda agresión contra Venezuela. Igual postura ha sido la del gobierno de Lula en Brasil, más moderada tal vez, pero ha deplorado toda invasión al territorio venezolano y se ha ofrecido para el diálogo político. La flota naval es un mensaje de agresión contra las islas de las Antillas Menores, sus fuerzas democráticas solidarias con Venezuela, y el mensaje busca proyectarse a todo el Caribe, contra los pueblos de Puerto Rico, sometida a la colonia, República Dominicana y Cuba, que es también uno de los objetivos con la presión militar imperial a Venezuela. Recordemos la infame invasión de EEUU a la isla de Grenada en 1983.
Pese a ciertos movimientos del péndulo electoral a propuestas de derecha en ciertos países de la región, una invasión a Venezuela no goza ni gozará, del consenso favorable de la opinión pública de los pueblos. Se equivocan los amantes de la política norteamericana. Dentro de Venezuela, desde el gobierno chavista, hasta sectores de la oposición política, distanciados del radicalismo ideológico de la ultraderecha venezolana cipaya de EEUU, han planteado la defensa de la soberanía contra toda forma de agresión extranjera, a pesar de las diferencias.
Así mismo, en EEUU, surgen contradicciones dentro del bipartidismo e incluso, entre bases del conservadurismo que se consideran traicionados por la apuesta de Trump por la guerra, las cuales prometió acabar durante la campaña electoral de 2024. Los movimientos sociales en la región y en EEUU se empiezan a movilizar con una convocatoria y ritmo ascendente, en rechazo a la agresión norteamericana. Los bombardeos a lanchas son considerados como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, es el consenso que ha ganado relevancia en la escena internacional.
El despliegue de la flota de guerra como componente de la guerra híbrida contra Venezuela y como hemos dicho, contra toda la región caribeña, no ha logrado el resquebrajamiento institucional interno de las fuerzas armadas venezolanas, ni histeria en la sociedad civil, ni desestabilización. Aunado a la capacidad de defensa aérea y la significativa cohesión de las fuerzas venezolanas de tierra, están cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, de diversas edades, que sean movilizados en las milicias para cumplir con el deber constitucional de defender la soberanía nacional contra cualquier forma de agresión extranjera. Un ataque o invasión a Venezuela, decíamos en un artículo anterior, no es un paseo.
La estrategia de guerra asimétrica es el eje de la respuesta estratégica y doctrinaria de las fuerzas armadas venezolanas frente a una hipotética invasión norteamericana, eso significa una guerra popular prolongada, combinada en técnicas y escenarios, armada y de lucha de masas en las calles, en las comunidades, por organizaciones de trabajadores, estudiantes, barrios, campesinos, indígenas, opuestos a toda invasión o ataque aéreo de fuerzas extranjeras. Se trata de un país extenso, de millones de habitantes y con una capital rodeada de montañas, la sierra de la costa, que no permite el libre desenvolvimiento de fuerzas acorazadas invasoras, expuestas a ataques antitanque desde los costados y alturas. Ya sea ataquen a gran escala o acciones focalizadas, los invasores encontrarán resistencia, pueden empantanarse políticamente y se multiplicarán las contradicciones del agente invasor.
Es la doctrina de la guerra integral del pueblo por la soberanía, cuyos objetivos son la inviabilidad de sus esfuerzos de control y la expulsión del agresor, por desgaste. El espectro de Simón Bolívar se erige como una fuente de inspiración para los patriotas venezolanos en esta hora de cerrar filas por la patria amenazada a pocas millas. Es la contradicción entre el bolivarianismo vs el imperialismo que expresan la Doctrina Monroe y el colorario Trump.
Ese esquema de unidad y movilización cívico militar, constituye un factor de importante carácter disuasivo, pues implica que no se tratará de una confrontación convencional entre fuerzas tecnológicamente desiguales, sino de una lucha de resistencia combinada. La suma de contradicciones externas, relacionadas con la capacidad de lucha del pueblo venezolano, así como la ola de rechazo e indignación latinoamericana ante una acción militar, violatoria del derecho internacional, y las contradicciones en el seno imperial, en las calles del coloso y en el congreso, puede llegar a representar el peor error de la administración de Trump, si llegase a consumarse la agresión directa.
Además, se internacionalizaría el conflicto, pues los pueblos andinos se convertirían en un hervidero contra el invasor y todo gobierno genuflexo a EEUU. Como prueba de esa tendencia en la región, podemos mencionar el reciente rechazo del pueblo de Ecuador, en la consulta electoral, a toda forma de renovación de la presencia militar de EEUU en la antigua base de Manta o cualquier lugar del territorio nacional ecuatoriano. A días de conmemorarse un aniversario más de la criminal invasión de EEUU a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989, estamos en el deber ético de deplorar el memorándum de entendimiento firmado por los gobiernos de Mulino y Trump, así como rechazar con energía la política de agresión de EEUU contra el pueblo venezolano y en general, contra América Latina.
Panamá, 7 de diciembre de 2025
