La Coordinadora Nacional de Pueblos Indigenas de Panama (COONAPIP) denuncian el “poco importa” de algunos funcionarios de gobierno a la hora de atender sus reclamos y peticiones.
En esta ocasión, señalaron que fue el Ministro de ambiente Milciades Concepción, quien prefirió enviar a funcionarios sin mando ni jurisdicción, para atender una reunión formal programada con mucha anticipación por parte de las 12 autoridades tradicionales de los congresos y consejos de los pueblos indígenas de Panamá.
Manifestaron que la reunión tenía como objetivo presentar la situación de deterioro ambiental y cómo resolver los principales problemas que afectan los recursos naturales, entre ellos la afectación a la cobertura boscosa y el daño irreversible a la biodiversidad en los territorios indígenas.
Advirtieron que ha aumentado la deforestacion por la extracción ilegal de árboles, bajo la complicidad de jueces de paz y funcionarios regionales que favorecen a empresarios inescrupulosos que bajo el amparo institucional están acabando con los bosques, estableciendo ganadería, tala ilegal y otros delitos ambientales, incumpliendo sus obligaciones de proteger el ambiente en forma coordinada como lo establecen las leyes de las comarcas.
“Lamentamos que el ministro de ambiente no le de importancia al clamor de los pueblos indígenas que han elevado su preocupación sobre los delitos ambientales que se mantiene impune y el aumento progresivo de pérdida de bosques, invasión y ocupación ilegal”, señaló Marcelo Guerra, Presidente de COONAPIP.
“Es realmente preocupante que la institución regente de la materia ambiental se mantenga impávido, alegando responsabilidad compartida con otras entidades, ante semejante incremento de deterioro ambiental año tras año, sin un castigo para los infractores”, agregó Guerra.
Sostuvo el dirigente originario que esperaban exponer ante el Ministro de Ambiente las graves estadísticas de 5,000 hectáreas deforestadas en sectores como, Skuy, Loma Santa (comarca Naso); 1 hectarea en colorado (territorio Bribri); 10,000 hectáreas en el Bosque protector palo seco; 6,000 hectáreas en el norte de Santa Fe (territorio Bugle); la minería ilegal, trochas ilegal de 1,000 km dentro de la comarca Guna Yala; 582 hectáreas deforestada en Pingandicito y 1,500 hectáreas deforestada en Sucurti (Comarca Wargandi), entre otras devastaciones en los territorio indígenas a nivel nacional.
Las autoridades expresaron frustración por la falta de atención a su clamor para proteger los bosques, el agua y la biodiversidad y lamentan no poder informarle al ministro directamente sobre cada caso y preparar un plan de acción conjunta y de manera coordinada como lo estable la ley.
“A pesar del desinterés del gobierno, los pueblos indígenas continuaremos las acciones de protección de los bosques, tierras y agua en todos los territorios indígenas, in situ”, concluyó el Presidente de COONAPIP.
