La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) celebra la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 341 por parte de la Asamblea Nacional de Panamá, el cual introduce modificaciones a la Ley 468 de 2025 —que a su vez subroga la Ley 3 de 1985— con el propósito de reforzar el régimen de Interés Preferencial aplicado a préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda principal.
Como gremio que ha impulsado activamente propuestas orientadas a mejorar las
condiciones de acceso a la vivienda y dinamizar el sector construcción, la Capac
considera que esta aprobación representa un avance trascendental para el país. El nuevo
marco legal permitirá reactivar la generación de empleo en la industria, estimular la
inversión privada y brindar mayores oportunidades a miles de familias panameñas para
adquirir una vivienda digna.
Entre sus principales disposiciones, la normativa extiende de cinco a siete años el
subsidio del 4% para préstamos comprendidos entre $80,000 y $120,000, facilitando
una adaptación más progresiva al término del beneficio. Asimismo, incorpora como
agentes financieros a cooperativas y entidades no bancarias, ampliando las opciones
disponibles para los beneficiarios e impulsando una mayor inclusión dentro del sistema.
Un elemento clave de esta ley es la eliminación de su fecha de caducidad, lo que transmite
un mensaje de estabilidad normativa y confianza a ciudadanos, promotores e
inversionistas, al establecer un marco permanente para el desarrollo del sector.
La Capac reconoce y agradece al honorable diputado Jorge Herrera, impulsor del
anteproyecto; al diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y
Finanzas; a los comisionados; y a los diputados que, en segundo y tercer debate,
respaldaron esta iniciativa clave para el fortalecimiento económico, el acceso a la vivienda
y la cohesión social que representa contar con un hogar propio.
En ese contexto, el gremio hace un llamado respetuoso al presidente José Raúl Mulino, para que proceda con la sanción oportuna de esta ley, a fin de que entre en vigor a la brevedad posible y comience a generar beneficios tangibles para las familias panameñas, los trabajadores del sector y todos los actores comprometidos con el desarrollo sostenible del país.
