El Consejo de Expresidentes y el presidente actual de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jose Ramón Icaza, presentaron sus puntos de vista sobre diferentes temas de interés nacional, entre los cuales figura exigir una pronta reactivación económica y rechazar las medidas de movilidad, al tiempo que solicitan mayor transparencia, sobre todo en las negociaciones de los contratos del Estado con empresas de diferentes sectores, para que no afectar el desarrollo de la economía del país.
El gremio empresarial ha destacado que la situación socioeconómica presenta un cuadro alarmante en comparación a la crisis sanitaria. Una prueba de ella es que el desempleo ha aumentado de 7% a 18% y la caída de 8.5% en el primer trimestre del año 2021. El número de empresas cerradas, hoteles desocupados, locales y viviendas vacías o abandonadas; e individuos en la informalidad, es preocupante por lo devastador. La violencia doméstica hace noticia frecuente, asestando duros golpes al tejido familiar y social, afirman.
El presidente de la CCIAP, al respecto, expresó su rechazo a las medidas de restricción de movilidad que el Ministerio de Salud (MINSA) sigue imponiendo en el país. “Aceleremos la recuperación de empleos y de la economía, eliminando medidas incoherentes y abriendo la vacunación a todos”, acotó.
Referente al tema transparencia, la CCIAP demanda de las autoridades y entidades estatales un trabajo orientado al bien público, regido por la transparencia y la rendición de cuentas oportunas de sus actos. Así como, insiste en la necesidad de contar con servidores públicos de carrera, profesionales y técnicos en las áreas donde se desempeñan.
Por ello, desde el 2017, la CCIAP promueve los valores y próximamente retomará su campaña #RespetaMiFuturo y firmará un acuerdo con la Comisión Nacional Pro-Valores Cívicos y Morales de Panamá, con miras a rescatar estos valores en el país.
Concerniente a las negociaciones que el Estado ha realizado en las últimas semanas con empresas portuaria, energía, y próximamente con el sector minería, la CCIAP destacó que reconoce la importancia de la estabilidad jurídica de las empresas; sin embargo, las autoridades deben ser transparentes brindando la información correspondiente sobre los procesos que se adelantan, y dichas negociaciones deben realizarse en beneficio del desarrollo del país.
Respecto al tema minero, la CCIAP señala que se debe planificar una política económica nacional a largo plazo, creando una institución competente que se dedique en el análisis, planificación y seguimiento de las políticas económicas. El sector minero como parte de esta política debe ser compatible con el desarrollo de otros sectores; al igual que debe ser conforme con el plan social y ambiental nacional. Una vez fortalecido el marco jurídico, con instituciones robustas con capacidad técnica de fiscalización, con funcionarios capacitados en lo relacionado a minería, el Estado Panameño estaría en condiciones de realmente jugar su rol de facilitador, pero también de fiscalizador.
Sin embargo, detalla el gremio que Minera Panamá adquirió una concesión bajo reglas establecidas y reconocidas como válidas al momento de realizar la mayor inversión del sector privado en la historia del país, aunado a una derrama económica de más de más de US$4,200 millones y esto hay que ponerlo en la balanza en este proceso. “Entendiendo los momentos que se viven actualmente, la empresa ha demostrado comprender la necesidad de sentarse a revisar su marco de actuación de cara a continuar aportando de forma responsable al país”, agregó Icaza.
Desde la óptica de la CCIAP, la oportunidad es propicia para que el Estado logre un balance justo que reconozca regalías por el recurso mineral que se extrae y una rentabilidad razonable que tome en cuenta los riesgos asociados a la actividad (mercado, geológicos, infraestructuras disponibles, ambientales, sociales, financieros, entre otros); al tiempo que, la empresa pueda logra un adecuado retorno sobre su inversión.
“Esta negociación debe ser un proceso ganar-ganar, en el que el gran triunfador sea el país. Esto, respetando la seguridad jurídica y marco regulatorio, de manera tal que no afecte la competitividad de Panamá”, aseveró el presidente de este gremio empresarial.
Sobre la negociación con Panamá Ports Company, Icaza manifestó que aún se espera una explicación por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá sobre la resolución emitida.
Mientras que, “con el propósito de dejar claramente establecido cuál será el beneficio económico del Estado”, considera pertinente instruir al representante del Estado panameño ante la Junta Directiva de la empresa, a suscribir un Acuerdo de Accionistas que garantice un dividendo mínimo anual, al igual que debe velar e incluir los mejores intereses del Estado, el sector marítimo, logístico y de todos los panameños. En ese sentido, el presidente de la CCIAP dijo que es necesario que dicho acuerdo se dé previo a la firma de extensión; a fin de garantizar que el Estado esta adecuadamente protegido; además, debe ser parte integral del acuerdo de extensión.
