Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se ha señalado que la confiabilidad del suministro de energía es parte de las prioridades estructurales que el Estado debe atender con sentido de urgencia dado que, se trata de un componente crítico en la recuperación económica del país y que se ve amenazado por la falta a liquidez, producto de medidas de moratoria adoptadas y extendidas por la pandemia.
Tal y como la CCIAP ha puntualizado, se hace necesario que el Gobierno Nacional brinde apoyo a las empresas distribuidoras de electricidad, que han cargado con el peso de la moratoria a los servicios públicos. Al tiempo que, urge que la administración gubernamental imprima igual premura a las licitaciones correspondientes que permitan manejar la renovación del parque nacional de generación con la entrada y salida ordenada de plantas sin poner en riesgo la disponibilidad de electricidad.
Por la naturaleza de las condiciones climáticas nacionales se hace necesaria una matriz energética diversificada entre fuentes renovables y térmicas. Las plantas térmicas permiten asegurar el suministro de energía constante, dado que pueden responder de manera inmediata cuando hay fallas o condiciones climatológicas no favorables, como es la época seca.
La realidad es que el mundo camina hacia el reemplazo de plantas térmicas que generan energía en base a carbón y combustibles por nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes, como gas natural. Sin embargo, dicha migración en nuestro país se encuentra retrasada y mientras la misma sucede, no se puede poner en riesgo la seguridad del sistema, omitiendo procesos de licitaciones y contrataciones de energía que el país necesita en el corto plazo.
Ante la ausencia de claridad en el mercado, en los últimos meses, han salido del sistema por falta de contratos, cuatro plantas de generación térmica, que suman 280MW, y se espera que salgan otras más, si no se toman decisiones inmediatas. El resultado, la confiabilidad del sistema energético del país se verá comprometida, lo que significa vulnerabilidad para la ciudadanía en general.
La reducción del costo de energía es una aspiración del país, pero no hay energía más cara que la que no se tiene. El año 2022, según los expertos, podría ser un año seco y todos esperamos que Panamá se encuentre en pleno proceso de recuperación económica.
La puesta en marcha de proyectos energéticos no es inmediata, conlleva de una planificación y desarrollo de años; así como, seguridad jurídica para quienes invierten en el mismo. Una vez se desmantela una planta por ausencia de condiciones económicas para generar y se instala en otro país; se pierde esa opción y frente a una necesidad urgente se tendría que recurrir a plantas pequeñas de rápido arranque, donde ya el país ha tenido malas experiencias, de falta de transparencia, beneficio de pocos y aumento de la tarifa eléctrica para la población. En otras palabras, es importante promover una amplia competencia en la generación de energía que se traduzca en mejores precios al consumidor, pero sin arriesgar el suministro.
Una vez más, la situación resulta altamente peligrosa para el país; ya que, nos enfrentamos a riesgos inminentes tanto en el origen del sistema como en la distribución del servicio; esto sin entrar a detallar los retos que la transmisión de energía ha enfrentado por años, dada la falta de planificación del Estado.
Resulta imperativo que las autoridades al más alto nivel tomen acciones de forma transparente y expedita, de lo contrario la falta de sentido de urgencia podría resultar en oscuridad para todos.
