La Comisión Arancelaria, tribunal administrativo de segunda instancia especializado en materia aduanera y con jurisdicción en todo el territorio nacional, ha resuelto un total de 200 apelaciones presentadas por ciudadanos, incluyendo casos acumulados durante los años de la pandemia por Covid-19. Además, se dictaron resoluciones sobre apelaciones presentadas hasta agosto de 2025, lo que permitió eliminar por completo la mora en la atención de estos procesos administrativos.
Este órgano, cuya presidencia recae en el Viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, ha venido desempeñando un papel crucial en la resolución de controversias entre importadores y la administración aduanera.
El jefe de la Comisión Arancelaria, Tito González, detalló que entre los temas más recurrentes atendidos por el tribunal se encuentran: Discrepancias relacionadas con la imposición de multas, la prescripción de la obligación tributaria aduanera, Procesos relacionados con el pago de tributos aduaneros sobre mercancías que, según los reclamantes, estaban amparadas por exoneraciones legales.
“La Comisión Arancelaria actúa como un tribunal de apelaciones al que pueden acudir los usuarios de aduana cuando consideran que un fallo de la Autoridad Nacional de Aduanas ha sido injusto o incorrecto”, explicó González. De acuerdo con el artículo 657 del Código Fiscal, estos usuarios tienen el derecho de apelar ante el Pleno de la Comisión Arancelaria.
Una vez emitido el fallo por la Comisión Arancelaria, los usuarios que no estén conformes aún pueden acudir a una instancia judicial final ante la Corte Suprema de Justicia.
Además de los casos resueltos, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión atendió 25 consultas o solicitudes de orientación provenientes de agentes aduaneros, contadores y representantes del sector público y privado.
La Comisión Arancelaria está integrada por: El Viceministro de Finanzas, en calidad de presidente (delegado por el Ministro de Economía y Finanzas); el Técnico Arancelario del MEF, un representante del Ministerio de Comercio e Industrias, un delegado de la Contraloría General de la República, un representante de la Autoridad Nacional de Aduanas, un delegado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y un representante del Sindicato de Industriales de Panamá, lo que permite garantizar una composición equilibrada en la toma de decisiones.
“Los usuarios presentan sus reclamos y argumentos con la convicción de que les asiste la razón. La Comisión representa la segunda instancia administrativa ante actos dictados por la Autoridad Nacional de Aduanas”, concluyó González.
