La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por los fiscales superiores, Emeldo Márquez y Uris Vargas, y el fiscal circuito, Gilberto Arona, en el séptimo día de audiencia ordinaria en el caso New Business, este miércoles 31 de mayo de 2023, inició la presentación de los alegatos por parte de la Fiscalía.
El Fiscal Emeldo Márquez presentó un esquema de cómo se dio el delito de blanqueo de capitales y cada uno de los que hicieron posible las transacciones para la compra de EPASA, cuyo beneficiario final era el expresidente de la República en el período gubernamental para el período 2009-2014, el cual captó a empresarios y ejerció presión en varios contratistas del Estado que debían dar el 10% del costo de la obra y dio instrucciones para estratificar el dinero a 18 personas jurídicas y 4 personas naturales, que aportaron dinero para la compra de la Editora; además, un préstamo de la Caja de Ahorros siendo un delito continuado.
El expresidente acordó con los empresarios la recolecta de dinero para la compra de EPASA donde quedó acreditado el hecho; y aportó a través de Ricamar Financial Company, Inc., la suma de 11 millones 450 mil dólares y para pagar un préstamo del Banco General lo que quedó acreditado con el perito Aníbal Guerrero, donde se dispuso el pago para la compra por 5 millones y participó como accionista mayoritario.
Contactó a empresarios y captó a contratistas del Estado panameño, utilizó la cuenta NBSL para recaudar los activos para la compra de EPASA y para pagar los préstamos adquiridos con la Caja de Ahorros, utilizados para este fin; aportó la suma de B/.11,450,000.00 a través de Ricamar Financial Company,Inc. Dispuso el primer pago de B/.5,000,000.00, integró a través de la sociedad TPAHC Inc, el 60% de las acciones de EPASA, y la suma de B/.10,000,000.00, que obtuvo mediante préstamo la sociedad Inmobiliaria TPA, S.A., la cual fue depositada en cuentas de sus sociedades Richeliu Investment Company, Inc.
Las pruebas de auditorías a TPAHC, diligencia de inspección ocular a Global Bank, declaración de Moussa Daniel Levy y certificación de Alberto Chanis en calidad de agente residente y documentos del Global Bank, certificación de beneficiario final de TPAHC Inc, son parte de las pruebas presentadas que sustentan los alegatos del fiscal Márquez.
Mantenía el expresidente un intermediario en el cobro de las coimas de los proyectos. Se realizaban adendas ficticias a obras adjudicadas fuera de Panamá.
El Fiscal Márquez mostró cheques por más de 7 millones de balboas del Banco Universal que fueron dados por un señalado en este caso, ya fallecido, para la compra de la editora, y también expuso las declaraciones de testigos protegidos que indicaban de la participación en reunión en la presidencia de la República con empresarios y un expresidente al cual le hizo solicitudes de dinero y que se harían por medio de modificaciones a los contratos.
Indicó el fiscal que la empresa TCT mantiene una investigación en la Fiscalía Anticorrupción por peculado en la cual hay llamamiento a juicio por lo que los cobros transferidos a distintas sociedades provienen de un ilícito.
Colaboradores de la Fiscalía señalan que el exmandatario contrataba contratistas del Estado para que aportarán por medio de los pagos que les realizaban por los proyectos a la compra de acciones para el grupo editorial.
A través de los bancos Bicsa y Global Bank se estratifico dinero que venía del Estado para la compra de la editora. Detalló el fiscal en su alegato cada una de las participaciones de los imputados en este caso y su responsabilidad con el delito de blanqueo de capitales.
El fiscal Uris Vargas también señaló en sus descargos que un colaborador señaló que el expresidente de la República 2009-2014 lo contactó telefónicamente para indicarle que recibiría varios pagos para la cancelación de los préstamos solicitados en la Caja de Ahorros por 7 millones de balboas, que fueron utilizados en la compra de las acciones de la Editora en el año 2010, entre ellos, le indicó que recibiera 600 mil balboas de la empresa Condotte Panamá y Asociados, S.A., aunado a ellos, resaltó el colaborador que dicha transacción, no se derivó de ninguna relación comercial con su empresa.
La Fiscalía Anticorrupción investigó a la empresa por el contrato que realizó para la construcción de ciudad deportiva de Colón el que le causó una lesión al Estado, según informe de la Contraloría General de la República por el orden de 10.6 millones de balboas.
Destacó el fiscal Vargas además de la vinculación de otras empresas que aportaron dinero a la cuenta New Business para la compra de EPASA por medio de dineros que obtuvieron de contratos con el Estado, esto lo demostró presentando pruebas y documentación, para acreditar estos hechos.
Mañana se continuará con el alegato de cierre por parte del fiscal Superior Emeldo Márquez y se seguirá con los descargos de la defensa de los imputados.
