La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana, logró una sentencia condenatoria de 16 años de prisión para un exprofesor, hallado responsable de los delitos de corrupción de persona menor de edad agravada y posesión de material de abuso sexual agravado. Además de la pena principal, el tribunal impuso la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de 16 años una vez cumplida la pena principal y ordenó su ingreso formal al registro de ofensores sexuales.
Esta condena es el resultado de una investigación iniciada en el año 2025, durante la cual la fiscalía recopiló y analizó elementos de convicción contundentes que acreditaron la responsabilidad penal del sentenciado. Esta investigación permitió que, tras su aprehensión, se lograra la validación de un acuerdo de pena que garantiza justicia inmediata para la víctima.
La sustentación por parte de la fiscalía se centró en la protección de la menor de edad y en asegurar que el hecho no quedaran en la impunidad, respetando en todo momento las garantías del debido proceso.
