Los focos de protestas en Panamá se hacen cada vez más notorios, las redes sociales informan a diario de puntos en Colón, Alcalde Díaz, San Miguelito, Panamá Oeste y Chiriquí de personas desesperadas al no tener acceso a alimentos que distribuye el gobierno nacional con los llamados bonos solidarios y bolsas de alimentos, para personas desempleadas y en condiciones vulnerables durante la cuarentena total por el COVID-19. Lo que ha conllevado a arrestos y la apertura de procesos judiciales contra los que protestan.
Los panameños deben cumplir una cuarentena obligatoria, lo que ha provocado despidos y cese laboral, que no da acceso a un salario para alimentos, medicinas, salud, entre otras.
El Movimiento Comunal Federico Britton ha cuestionado reiteradamente desde la agudización de la pandemia en el país, la falta de ayuda en distintas comunidades. Areas de la capital como Alcalde Díaz por ejemplo, en el sector 8 de febrero, donde residen 60 familias, están siendo desatendidos al no ser copartidarios del representante del corregimiento.
Señalan en sus comunicados estas acciones como “discriminatorias” y de “sometimiento al hambre”.
Estas comunidades como en otras, panameños y extranjeros se han visto obligados a salir a las calles, romper la cuarentena, para exigir la ayuda que cada vez es más lejana. Durante las protestas recientes en Alcalde Díaz estas personas han sido reprimidas y arrestadas por autoridades de policía, destacó Jorge Guzmán del Movimiento Comunal Federico Britton.
En las redes sociales de Frenadeso, un referente del movimiento popular se publican videos y situaciones complejas de personas desesperadas, que tienen la responsabilidad de niños que requieren alimentos para su nutrición diaria.
Otra cara de esta realidad la tiene Carlos Arias, un periodista independiente, que inició una campaña de entrega de alimentos en la capital a través de su red social Facebook. El recibe a diario aproximadamente 50 llamadas de personas de clase media, profesionales e independientes, que les han cesado de sus puestos de trabajo. El común denominador es el hambre y la falta de alimentos, para sus hijos e hijas menores –infantes de 0 a 5 años-.
A través de una red de amigos, excompañeros de estudios y personas anónimas, se recolectan los alimentos para ser distribuidos en su mayoría en la provincia de Panamá Oeste, -La Chorrera y Arraiján-. Mientras que en la capital no escapan a esta solidaridad personas residentes en Juan Díaz, Parque Lefevre, San Miguelito, quienes reciben bolsas de alimentos de primera necesidad de parte de los benefactores de Arias.
Pandemia del hambre
Este lunes, frente a la pandemia del COVID-19 el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) advirtió en un nuevo informe que alrededor de 265 millones de personas en países de ingresos medios y bajos sufrirán inseguridad alimentaria aguda a finales de 2020 a menos que se tomen medidas rápidas.
“El COVID-19 es potencialmente catastrófico para millones de personas cuyas vidas ya penden de un hilo. Supone un golpe para millones de personas más que solo pueden comer si ganan un salario. Los confinamientos y la recesión económica mundial ya han diezmado sus ahorros. Solo se necesita un shock más, como el COVID-19, para llevarlos al límite. Debemos actuar colectivamente ahora para mitigar el impacto de esta catástrofe mundial”.
La economista y abogada, Rosario Arias, en una publicación de Frenadeso este lunes, argumentó que desde que se anunciara la puesta en marcha del Plan de Bono Solidario en el mes de marzo, “no se ha tenido información alguna que detalle el uso de la totalidad o, por lo menos, de una pare de estos 50 millones de dólares, ni de las donaciones recibidas por instituciones del Estado”.
Agregó Arias que “se impone la transparencia del uso de los recursos públicos (incluyendo las donaciones) y el apoyo inmediato, no caridad, a la población que más lo requiere, en montos cónsonos con los derechos humanos donde prevalezca el respeto a la dignidad de las personas”.
Ayer la Contraloría General de la República publicó un comunicado anunciando que la Comisión de Justicia y Paz en representación de la Conferencia Episcopal Panameña participará en una auditoría del bono solidario y las bolsas de alimentos que se han entregado a una parte de la población.
El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, informó en la conferencia brindada a los medios de comuniciación que se han entregado 594,484 bolsas de comida y 475,760 bonos y reiteró que la ejecución del Plan Panamá Solidario se ejecuta bajo estrictas medidas de transparencia y supervisión y vigilancia de la Contraloría General de la República.
Reporte epidemiológico
El COVID-19 según la ONU duplicaría el número de personas que hacen frente a crisis alimentarias si no se actúa con rapidez.
