Después de casi cinco años de lucha y mesas de diálogo de las máximas autoridades y técnicos de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá-COONAPIP con el Ministerio de Ambiente, Anati y otras instituciones gubernamentales, la organización indígena panameña se complace en informar a la comunidad nacional e internacional que finalmente el Ministerio de Ambiente ha emitido la resolución DM-0612-2019, mediante la cualse fundamenta la viabilidad y se demuestra que no hay incompatibilidad con los objetivos de conservación y que ambos intereses (áreas protegidas y pueblos indígenas) son complementarias y se refuerzan mutuamente.
En un gran esfuerzo interinstitucional por varios años, la COONAPIP y su equipo técnico y legal logró argumentar y fundamentar las bases legales y los instrumentos nacionales e internacionales que respaldan la viabilidad de titular tierras colectivas indígenas tal como lo establece la ley 72 del 2008 y que garantiza el derecho a las tierras ocupadas ancestralmente, cuya protección y respaldo se sustentan en la Constitución Nacional y en sendos acuerdos, convenios de derechos humanos y jurisprudencia nacional e internacional.
Marcelo Guera, Presidente de la Coonapip, manifestó que la Resolución No. DM-0612-2019, del Ministerio de Ambiente, es un gran avance para los pueblos originarios de Panamá y se hace justicia a sus aspiraciones, y se valora esta importante disposición del gobierno nacional a favor de los pueblos indígenas de Panamá.
Es una resolución “por el cual se establece el criterio jurídico a aplicar por parte del Ministerio de Ambiente para determinar la viabilidad del otorgamiento del visto bueno a las solicitudes de adjudicación de tierras colectivas, presentadas por las comunidades indígenas a través de sus autoridades tradicionales reconocidas, cuyos polígonos se encuentran traslapados parcial o totalmente con áreas protegidas o tierras del patrimonio forestal del Estado”, y que fue publicado en gaceta oficial este lunes, 2 de diciembre de 2019.
“Este instrumento jurídico fortalece la ley 72 de 2008, sobre propiedad colectiva y es un ejemplo a nivel nacional de la compatibilidad de las propiedades colectivas indígenas y las áreas protegidas y permite las titulaciones de las comunidades indígenas suspendidas por más de cinco años”, advirtió Marcelo Guerra.
Indicó el Presidente de la Coonapip que esta resolución demuestra que SI hay un compromiso serio de parte del gobierno nacional para con los pueblos indígenas de Panamá, estableciendo un precedente importante en la jurisprudencia local con repercusiones internacionales, al contribuir de manera positiva a la protección de los derechos a la tierra ocupada de manera tradicional o ancestral, y se protegen los recursos naturales, bosques y agua, contribuyendo a reducir colonizaciones ilegales y el desplazamiento de nuestras tierras.
“En nombre de todos los pueblos originarios de Panamá, agradecemos al gobierno del señor Presidente Laurentino Cortizo Cohen este gesto de apoyo al reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos indígenas en todo el país”, concluyó Marcelo.
