La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), que aglutina a los siete pueblos originarios y los 12 congresos y consejos territoriales a nivel nacional, exige al gobierno del presidente José Raúl Mulino y a todos los estamentos de seguridad que cese de manera inmediata la persecución, el hostigamiento, la violencia y las violaciones de los derechos humanos contra las bases y dirigentes indígenas y contra todos los líderes sociales que hoy reclaman justicia en la calle, haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta.
“No podemos permitir que siga el asedio, el estado de sitio, el atropello y las acciones intimidatorias contra nuestro pueblo, que luchan de manera legítima porque el gobierno corrija las decisiones que afectan a la población y ponen en peligro la estabilidad del país”, advierten los líderes de la COONAPIP.
Para la dirigencia originaria nacional, la paciencia tiene un límite y la COONAPIP ha solicitado oportunamente un diálogo constructivo con todos los sectores; sin embargo, el gobierno ha hecho caso omiso y ha decidido arreciar sus acciones violentas contra los indígenas, los docentes, los trabajadores y contra todos los que se oponen a sus pretensiones.
“Si no cambian las medidas de represión y el abuso de autoridad, hacemos responsable al gobierno nacional de una escalada que podría darse en el país, con consecuencias inimaginables, como ya ha ocurrido en el pasado con saldos desafortunado de muertos y heridos, en su mayoría de nuestras poblaciones indígenas”, señala la COONAPIP.
Manifestaron que ya se han registrado hechos violentos contra los pueblos originarios en Tolé, Ojo de Agua, San Felix y otras comunidades, así como detenciones arbitrarias al margen de la ley a nivel nacional, y eso lo que está abonando es a una acción masiva insostenible contra este gobierno.
“La Comarca Ngobe Buglé no olvida los hechos dolorosos del 2010, 2011 y 2012 contra su pueblo cuando el actual Presidente era Ministro de Gobierno y desató toda su furia, causando muertos y heridos; ya conocemos a José Raúl Mulino y no podemos permitir que la triste y dolorosa historia se repita”, manifiesta la COONAPIP.
“Respaldamos el clamor nacional que pide la derogatoria de la Ley 462 del Seguro Social, la no reapertura de la mina y el rechazo enérgico al memorándum con los Estados Unidos que lesiona gravemente la soberanía nacional, retrotrayendo épocas superadas de la presencia militar extranjera en Panamá”, indica la organización indígena.
Señalan las autoridades tradicionales que no se puede mantener una comunicación con el gobierno mientras el pueblo sigue siendo expuesto al atropello y a los vejámenes de las autoridades policiales y de seguridad, donde no se respeta la integridad incluso de niños y mujeres.
“Dejamos claro ante la faz del país que de continuar las acciones violentas contra los pueblos indígenas y la violación sistemática de los derechos humanos contra todos los líderes sociales que hoy protestan por la reivindicación de nuestros derechos nacionales, la COONAPIP tomará la decisión de levantarse de cualquier mesa de conversación o negociaciones con el gobierno nacional, y lo responsabilizamos de los sucesos que pudieran registrase con nuestro pueblo”, concluyeron las autoridades tradicionales indígenas.
