La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), representados por las doce autoridades tradicionales de los siete pueblos indígenas de Panamá, reunidos en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, emitió un comunicado frente al clima de protestas que vive el país.
El documento de COONAPIP expresó que “ante las atrocidades del gobierno de turno tratando de callar al pueblo panameño, en concreto contra los pueblos indígenas que rechaza la inconsulta Ley 462 del Seguro Social, la reapertura de la mina en Donoso, el memorándum de entendimiento firmado con los Estados Unidos en detrimento de la soberanía nacional”.
La misiva agregó que “hemos sido testigos y víctimas de la militarización de vías y caminos dentro de los territorios indígenas de los hermanos Ngäbe-Buglé, Emberá Wounaan y otros, con armas de alto calibre, uso excesivo de la fuerza, frente a un pueblo indefenso, manteniendo algunos hermanos al borde de la muerte en los hospitales; esa represión fue igual para niños, mujeres y hombres, por lo que no podemos estar callados ni cruzados de brazos.
Frente a los hechos ocurridos, hacemos también un llamado a todas las fuerzas populares de Panamá, que el pueblo indígena no cesará en esta lucha hasta sus últimas consecuencias y que se unan los demás gremios y organizciones del país que hasta ahora no lo han hecho.
Denunciar también al gobierno panameño ante las esferas internacionales de derechos humanos, de esta masacre de los habitantes indígenas de Panamá desarmados, y por esto solicitar también a los delegados indígenas y no indígenas presentes en Panamá en la semana del clima de las Naciones Unidas, a denunciar y no creer la supuesta posición panameña en defensa de los recursos naturales que se encuentran en su mayoría en nuestros territorios.
Las autoridades de todos los pueblos indígenas a nivel nacional decreta la suspensión de toda actividad con el gobierno, hasta tanto no cese la represión violenta, persecución contra la población indefensa, el retiro de la policía que hostigan a la población, las detenciones arbitrarias y los procesos judiciales amañados.
Los pueblos indígenas a través de sus bases, junto a los gremios docentes, médicos, enfermeras y sindicales en general de todo el país, va a arreciar y reforzar sus bastiones de lucha, si el gobierno nacional no deroga la ley 462 y cese la criminalización de la protesta social”.
