El pasado 8 de enero durante una sesión del pleno, los magistrados acordaron un controversial aumento salarial de cuatro mil dólares, ahora pasarían a devengar catorce mil dólares mensuales cada uno.
La Corte Suprema de Justicia vuelve al foco de la opinión pública, esta vez por la sorpresiva y cuestionable decisión de sus magistrados de aumentarse el salario, el incremento representa un 66.7% del sueldo que actualmente devengan.
La iniciativa está siendo fuertemente cuestionada por diversos sectores de la sociedad, la Contraloría General de la República ha informado que no refrendará el aumento, para ser consecuente con la política de austeridad y recorte del gasto público emprendida por el gobierno central. Pero pese a estos reclamos todo parece indicar que la última palabra en el tema la tendrán justamente los beneficiarios de ella es decir los propios magistrados de la corte.
Es la más reciente y también cuestionada acción de los magistrados, lo que se suma al rosario de críticas, señalamientos, objeciones y acusaciones contra la más alta corporación de justicia del país y sus jueces.
Mora judicial, tráfico de influencias, compra y venta de fallos, juicios amañados entre otros, se han convertido en sinónimos de la administración de justicia, el asunto ha trascendido las fronteras del país en momentos en que entre las víctimas de las sospechosas decisiones judiciales se encuentran empresarios extranjeros que un día llegaron a Panamá para aportar al desarrollo del país, pero que hoy se sienten decepcionados y desconfían de la imparcialidad de sus jueces y magistrados.
Un caso emblemático es el del empresario español de la construcción, Manuel Valiente, representante de las empresas Sonama S.A. y Sonama Panamá S.A. quien lleva 13 años en diferentes tribunales e instancias judiciales y ha llegado hasta la Corte Suprema en búsqueda de justicia en el caso que lo enfrenta al consorcio ICA, MECO y FCC, quienes incumplieron un contrato por trabajos en las obras de la ampliación del canal, se han negado a resarcir a las empresas de Valiente, causándole millonarias afectaciones económicas.
El proceso de casación se encuentra en manos de los magistrados; Angela Russo de Cedeño, Olmedo Arrocha Osorio y Miriam Yadira Cheng Rosas, y no ha estado exento de cuestionamientos y sospechas, dado el agresivo cabildeo ejercido por una poderosa e influyente firma de abogados que representa a al consorcio acusado.
Las frecuentes visitas de un reconocido socio de la firma Morgan & Morgan al despacho de la magistrada presidenta de la corte han generado sospechas en la parte acusadora sobre una práctica desleal que va más allá de un simple cabildeo y que rayaría con el tráfico de influencias, dada la cercana relación existente entre los personajes arriba citados. “Lo único que solicitamos es que la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, proceda leyéndose todo el expediente y que al dictar la sentencia, lo haga en base a los documentos y pruebas que constan en el expediente” ha dicho el empresario Manuel Valiente, víctima de la trama del consorcio ICA, MECO, FCC.
En este caso la actuación de la magistrada Russo de Cedeño ha sido particularmente objetable; Manuel Valiente, ha cuestionado el “atraso por influencias” en este litigio, al punto que presentó un recurso de recusación contra la magistrada Russo, explicó Valiente que la acción legal se presentó porque las actuaciones previas de la magistrada sobre este mismo caso evidencian un comportamiento parcializado, por lo que, la tendrían que haber inhabilitado o ella haberse declarado impedida. Pero sorpresivamente la corte ha negado la recusación presentada y la mantiene en el proceso”
”En el pasado la magistrada Russo de Cedeño que había estado en este mismo caso, pero cuando estaba como magistrado ponente, Hernán De León Batista, retuvo el paso del proyecto más de tres meses para que venciera el periodo del magistrado De León, y cuando caducó el periodo de De León, Russo de Cedeño lo envió arriba, sin ningún tipo de anotación, agregó Valiente. Esta magistrada además tuvo dos actuaciones contrarias a sus empresas por el tema de un secuestro que intentó impedir y después por la determinación de los intereses que eran según la ley del 10% y “ella trató de bajarlos a 6%”.
Detalló Manuel Valiente que para su sorpresa, cuando presentó la recusación, la magistrada Russo pasó el proyecto al magistrado Olmedo Arrocha, quien es el tercer magistrado de la Sala Primera, “eso me pareció rarísimo”. “Antes cuando era ponente Hernán De León lo tuvo retenido por más de tres meses, pero repentinamente una vez recibido por la ponente actual en menos de diez días lo pasó. El empresario español considera que este caso no ha sido manejado correctamente ni de acuerdo a la ley, en la primera instancia, ni en la segunda instancia, tampoco ahora en la tercera instancia.
El recurso de casación lleva ya cuatro años desde que ingresó en la Corte Suprema de Justicia y para el que se ha nombrado hace tres años una nueva magistrada ponente en la persona de Miriam Yadira Cheng Rosas, quedando como segunda magistrada Angela Russo de Cedeño y tercer magistrado Olmedo Arrocha Osorio.
“Es muy grave cuando la justicia beneficia y premia a quien pareciera haberla alquilado, una justicia tardía no es justicia”. Es injustificable que hayan pasado cuatro años y la Corte Suprema no haya resuelto un recurso de casación, se quejó Valiente, quien también cuestionó las demoras injustificadas y las dilataciones en este proceso lo que a su entender; denotan un desinterés por administrar justicia de manera imparcial como manda la ley.
“Estoy esperando justicia por parte de la CSJ, en caso contrario iré a un arbitraje internacional demandando al Estado panameño por denegación de justicia y en caso de que en el arbitraje sea condenado Panamá, a este le correspondería pagar y quedarían los probados corruptos FCC – MECO, causantes del daño, totalmente impunes. Un fallo de este tipo sería responsabilidad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados” advirtió Valiente. Y concluyó diciendo; que no dejará de investigar los detalles de cada caso de corrupción de FCC – MECO, y sus cómplices para que sean divulgados en medios periodísticos internacionales.
