La ponencia de la Magistrada del Primer Tribunal Superior de Justicia y recién designada Magistrada Suplente de la Corte Suprema de Justicia Guimara Aparicio Ortega, que concedió el amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Giovanny Castillo, apoderado judicial de la sociedad Las Brisas de Amador, se asemeja más a la reproducción del alegato de este que a una sentencia apegada al derecho y a la justicia. Desde su primera intervención en este proceso, Aparicio Ortega ha actuado inusitadamente en favor de la mencionada sociedad.
La primera muestra de su comportamiento sucedió el pasado 25 de noviembre cuando recibió en su despacho un amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Giovanny Javier Castillo; nada más recibirlo, ordenó su admisión y requirió el envío de un informe acerca de los hechos en un plazo extremadamente perentorio.
Una decisión que en ella resultó inusual toda vez que se caracteriza por demorar hasta cinco días en casos similares para admitir este tipo de demandas. Obviamente, su acelerada decisión generó fundadas sospechas de su parcialidad, pues con ello se favorecía a la sociedad Las Brisas de Amador pese a que este grupo lleva más de una década incumpliendo sus responsabilidades con inversionistas europeos a quienes adeudan más de tres millones de dólares, compromiso que a la fecha han evadido, recurriendo a recursos dilatorios que ahora parecen estar siendo convalidados por la mencionada Magistrada.
La concesión del recurso de amparo por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial donde Aparicio actúa como ponente, basó su argumentación prácticamente en una reproducción de las peticiones hechas por el abogado de Las Brisas de Amador. Con su ponencia Aparicio ayudó a Las Brisas de Amador a bajar la cuantía de la deuda, al descalificar el método utilizado por la juez Marieta Santos cuando la estableció. Lo paradójico es que Las Brisas de Amador no niega adeudar lo reclamado, y Aparicio Ortega lo convalidó, pero optó por rebajar la deuda.
Aparicio Ortega va más allá, al revocar el Auto No.855 de 30 de octubre de 2025 proferido por el Juzgado Cuarto de Circuito de Insolvencia del Primer Circuito Judicial de Panamá a cargo de la juez Tatiana Ovalle, patrocina las estratagemas de los directivos de Las Brisas de Amador de alargar el proceso y seguir incumpliendo sus compromisos contractuales con sus antiguos clientes.
Recientemente el presidente José Raúl Mulino cuestionó la actuación de algunos jueces al aplicar medidas cautelares a los delincuentes y expresó. “Hay una extrema flexibilidad disfrazada de garantismo”, la cual ha sido uno de los fracasos de la lucha contra el delito”. Los cuestionamientos del presidente Mulino contra los jueces de garantías son también aplicables a otros niveles de la justicia donde la permisividad del juzgador permite a quien delinque jugar con el tiempo, dilatar los procesos y burlar la justicia al tiempo que sigue afectando a sus víctimas.
El comportamiento de la Magistrada Guimara Aparicio Ortega al que le hemos dado seguimiento en publicaciones anteriores genera serias dudas sobre la imparcialidad que debe guiar las actuaciones de quien está llamada a impartir justicia.
