Por: Marcos Castillo Pérez
José Raúl Mulino asumió la presidencia y ofreció un discurso que despertó esperanza, pero sus sucesivas acciones en el ejercicio del gobierno han echado por tierra cualquier asomo de cambio. Él nombramiento de amigos y parientes en cargos públicos, confirmaron que el nuevo inquilino de San Felipe es más de lo mismo. Al poco tiempo de iniciado su mandato, el político intransigente y amigo de la mano dura afloró, cada día la diatriba, descalificación y el lenguaje amenazante se convirtieron en su discurso cotidiano.
Antes siquiera de haber cumplido un año de gestión, la imagen del mandatario y la aceptación de su gobierno es bajísima, una encuesta realizada en el mes de marzo por la empresa Prodigios Consulting y que midió su gestión, registró un desplome en el nivel de confianza de los ciudadanos consultados, un 67.9% consideró su administración como mala, regular o muy mala. Esta calificación negativa mostraba el creciente descontento ciudadano con las políticas económicas del gobierno, que había logrado imponer reformas a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, pese a la oposición de las organizaciones sociales, que denunciaron las reformas, como perjudiciales para los trabajadores y que solo beneficiaba al sector empresarial, que dispondría de los fondos de la CSS para lucrativos negocios en la banca privada en menoscabo de los recursos de la institución.
El descontento de los panameños iría in crescendo, cuando se conoció que tras la visita del secretario de defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth se firmó un memorándum de entendimiento que permitirá nuevamente el establecimiento de bases militares estadounidenses en las riberas del Canal de Panamá, los alcances de dicho pacto han sido y siguen siendo negados por Mulino y sus ministros, sin embargo, el texto del acuerdo los deja en evidencia así como las declaraciones del presidente, Donald Trump y del propio secretario Hegseth sobre la “recuperación del canal” por parte de los Estados Unidos. El memorándum de entendimiento que permite el regreso de soldados estadounidenses a suelo panameño es considerado un acto de traición a la patria y con cuya responsabilidad deberá cargar Mulino y su gobierno.
Mulino y su entorno mayoritariamente oligárquico creen que persiguiendo y encarcelando a los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) acabaran con las protestas callejeras y entonces “destruido” el gremio y descabezada su dirigencia podrán seguir imponiendo su agenda neoliberal.
La toma por asalto del la sede del SUNTRACS, así como de su cooperativa y previamente, el arbitrario cierre de sus cuentas por parte tanto de la banca privada como la estatal, fue una clara demostración del uso y abuso del poder para aplastar la resistencia del movimiento obrero organizado, apresar a Genaro López y mandarlo a la cárcel la Joya como un delincuente común fue un claro mensaje de que la cacería contra el sindicato de la construcción será implacable. Mulino ha ordenado un trato represivo ejemplarizante contra dirigentes de la comunidad Emberá de Arimae en su mayoría mujeres que protestaron contra la incursión violenta de la policía en sus hogares y que fueron acusadas de privación de libertad de una unidad del Senafront. A Genaro López y a la casi totalidad de la dirigencia del SUNTRACS, se le hacen acusaciones temerarias con el propósito de encarcelarlos prácticamente de por vida, al tiempo que cada protesta de los estudiantes y profesores de la Universidad de Panamá, los gremios de educadores o colectivos indígenas es reprimido con violencia.
Mulino ha vuelto a ser el Mulino del periodo 2009-2014 cuando ocupó el cargo de ministro de seguridad de Ricardo Martinelli. En julio de 2010 ordenó la sangrienta represión de Changuinola contra los indígenas Gnobe y la población civil de Bocas del Toro que protestaban contra la denominada ley chorizo, que cercenaba derechos laborales y sindicales , la brutal acción policial dejó; dos muertos, 78 lisiados de por vida y mas de 700 heridos de balas y perdigones, 43 personas con pérdida parcial de la vista, y 3 con pérdida total de la visión y 192 con sus cuerpos llenos de perdigones, otros sufrieron perforaciones en los riñones y heridas en diferentes partes del cuerpo.
El 5 de febrero de 2012 también bajo las órdenes de Mulino la policía atacó violentamente a los indígenas Gnobe en San Félix, Chiriquí en lo que posteriormente se conoció como la Masacre de San Félix, durante las protestas contra proyectos mineros e hidroeléctricos en la comarca tres personas resultaron muertas y centenares heridas.
El 9 de octubre de 2012, ocho meses más tarde el gobierno de Martinelli y su ministro de seguridad José Raúl Mulino ordenaron una nueva represión, esta vez contra la población colonense que se oponía a la venta de tierras de la Zona Libre de Colón a capitales transnacionales. La represión policial que incluyó la toma de la ciudad con equipos militares se saldó con 4 personas muertas y centenares de heridos.
A pocas semanas de cumplir su primer aniversario en el poder, la legitimidad de Mulino es cada vez mas exigua, lo que hace prever que sus futuras apariciones en actos públicos disminuirán, ante el temor del repudio popular que no dudará en manifestarse con ensordecedoras silbatinas. Mientras las protestas en las ciudades y los pueblos se mantienen pese a las amenazas y la represión. El lobo finalmente se ha despojado de su disfraz de oveja y se muestra como lo que siempre ha sido, un autócrata que pretende ahogar la protesta del pueblo a sangre y fuego.
El autor es comunicólogo
