Por José R. Herrera B.
Profesor, investigador y periodista
En los pasillos donde se calcula la vejez —no como destino humano, sino como cifra administrativa— el tiempo deja de ser un aliado para convertirse en un sospechoso silencioso. Allí, en la Dirección de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social, el reloj parece tener otra lógica: una que dilata, confunde y, en ocasiones, entierra.
El pensionado llega con la esperanza doblada en documentos. Ha trabajado décadas, ha aportado con disciplina casi ritual, y espera que la matemática —esa ciencia exacta— sea su refugio final. Pero lo que encuentra no es claridad, sino un laberinto donde los números se disuelven en trámites, y los derechos en recomendaciones extraoficiales.
“Firme primero… y después reconsidera”.
La frase, dicha con aparente normalidad, resuena como un eco irregular en la conciencia jurídica. Porque el derecho administrativo no es una sugerencia: es una estructura. Y dentro de esa estructura, los plazos —como el de los cinco días hábiles para presentar una reconsideración— no son adornos, sino garantías. Sin embargo, se le dice al pensionado que ese tiempo puede ignorarse, que firme, que cobre, y luego vea.
Y entonces comienza la otra historia: la de los expedientes que se duermen.
Reconsideraciones presentadas en tiempo y forma empiezan a girar en una órbita opaca. Se archivan sin aviso, se deslizan hacia gavetas donde el papel envejece más rápido que la memoria institucional. El pensionado, confiado, ignora que su caso ha sido congelado. Solo al insistir descubre que su expediente ya no camina.
No es una metáfora ligera sugerir que esta dilatación puede tener consecuencias irreversibles. En una población vulnerable, donde cada mes cuenta y cada cálculo impacta la dignidad de la subsistencia, la demora no es solo ineficiencia: es desgaste.
¿Dónde quedan esas cuotas no consideradas?
¿En qué rincón del sistema se diluye ese dinero?
¿Quién responde cuando un expediente se extravía?
La confianza institucional no se decreta: se construye. Y uno de esos actos urgentes es la auditoría rigurosa del trabajo de los analistas y los tiempos de respuesta.
Una sociedad se mide por la forma en que trata a quienes ya han entregado su tiempo productivo. Negarles claridad o retrasar sus derechos es, en el fondo, una forma de olvido institucional.
Urge que la transparencia deje de ser discurso y se convierta en práctica. Que los plazos se respeten, que cada cuota sea reconocida como un fragmento de vida convertido en derecho.
Porque al final, detrás de cada cálculo, hay una historia.
Y ninguna historia merece ser engavetada.
