Tras tres días de trabajo en los que se sostuvieron 15 reuniones con más de 45 representantes de instituciones estatales, sector justicia, organismos autónomos y sociedad civil, concluyó en Panamá la misión del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) del Acuerdo de Escazú. El proceso se centró en dos ejes fundamentales: la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia.
Al cierre de la misión, la presidenta del CAAC, Patricia Madrigal, resaltó el carácter técnico y colaborativo de los encuentros: “Recibimos insumos valiosos que alimentarán un informe; el Gobierno podrá enviar observaciones antes de su versión final. Hoy también quedó publicada la hoja de ruta nacional en la web de la Secretaría, un paso concreto del país para avanzar en la aplicación del Acuerdo”.
Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Carlos de Miguel, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, subrayó el rol pionero de Panamá: “Panamá fue impulsor de Escazú, lo ratificó tempranamente y ya cuenta con hoja de ruta. Además, este es el primer diálogo del Comité en Centroamérica, muestra de una institucionalidad que abre sus puertas y trabaja con el público”.
Por su parte, Graciela Palacios, directora de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, señaló: “El diálogo franco con el sistema de justicia, con instituciones con competencia ambiental y con la ciudadanía fortalece nuestra capacidad técnica y jurídica. La hoja de ruta nos ordena prioridades y próximos pasos”.
En el análisis de la participación ciudadana, el CAAC identificó prácticas destacables —como la incorporación de ciencias sociales en la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y los protocolos de relacionamiento temprano aplicados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)— además de retos que requieren continuidad: establecer un marco operativo claro para documentar y responder observaciones en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), reducir la brecha digital que limita a comunidades rurales y equilibrar capacidades entre direcciones regionales.
Como resultado, el CAAC resaltó que Panamá ya cuenta con una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo, con el fin de robustecer coordinación interinstitucional, formación continua y mecanismos efectivos de participación pública con énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad. El informe del CAAC —que incorporará los insumos de la visita— servirá como referencia para que Panamá cumpla a cabalidad con sus obligaciones internacionales emanadas del Acuerdo.
