La Contraloría General de la República informa que, ante los hechos recientes ocurridos en el campus de la Universidad de Panamá, y con el propósito de salvaguardar la integridad de sus colaboradores, el pasado 7 de mayo se tomó la decisión de retirar temporalmente al equipo de fiscalización que operaba en dicha institución, reubicándolo en las oficinas de Plaza Edison.
Esta medida se adoptó tras los incidentes generados durante las manifestaciones, que representaban un riesgo directo para la seguridad de nuestros funcionarios.
En relación con el refrendo de los contratos vinculados a la compra de alimentos por parte de la Universidad de Panamá, el Contralor General, Anel Flores, reiteró que la decisión de no refrendar dichos contratos fue la correcta, ya que la Contraloría debe asegurar el buen uso y la protección de los recursos del Estado.
En un contexto en el que la propia universidad ha anunciado la suspensión de las clases presenciales y ha reconocido afectaciones a equipos de laboratorio por disturbios
internos, no existen las condiciones necesarias que garanticen la regularidad académica y
administrativa requeridas para validar este tipo de contrataciones.
Asimismo, el Contralor enfatizó que la responsabilidad de restablecer el orden y asegurar el
cumplimiento de los procesos administrativos recae en la administración universitaria, liderada por el rector Eduardo Flores. La Universidad debe ofrecer las garantías necesarias para que los recursos públicos se utilicen con transparencia, eficiencia y conforme a la legalidad.
Frente a este panorama, la Contraloría anuncia que será aún más rigurosa, exigente y estricta en sus controles sobre el uso de fondos públicos en la Universidad de Panamá, reforzando así su compromiso con la rendición de cuentas, la institucionalidad y la defensa de los intereses del Estado.
Este esfuerzo busca garantizar que los estudiantes y la ciudadanía en general tengan la certeza de que cada recurso asignado será utilizado de manera responsable y conforme al mandato legal.
La Contraloría General de la República reitera su compromiso con el cumplimiento de sus funciones constitucionales, priorizando siempre la transparencia, la seguridad de sus funcionarios y la protección del patrimonio público.
