La Defensoria del Pueblo de Panamá aclara que su posición respecto al proyecto de ley No 374 que se discute en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, relacionado con los recursos en materia penal —casación y revisión—, es de carácter estrictamente técnico, institucional y sin apego político ni partidista, y se formula exclusivamente a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
La institución indica que su análisis no se realiza en función de personas ni de casos concretos, ni tiene como propósito favorecer o perjudicar a individuo alguno. La valoración de la Defensoría se efectúa en términos sistémicos y abstractos, orientada a determinar si la legislación procesal penal garantiza adecuadamente los derechos y las garantías judiciales reconocidas por la Constitución y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el derecho a recurrir el fallo condenatorio y el acceso a recursos efectivos.
En ese marco, agrega que alrededor de once sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido de manera consistente este criterio, por ello, la posición institucional se centra en que el diseño y funcionamiento de los mecanismos recursivos del derecho interno sean plenamente consonantes con los estándares interamericanos.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo subrayó que no actúa como abogado defensor, no se pronuncia sobre culpabilidad o inocencia, ni sustituye el rol de los tribunales de justicia. Su función constitucional y legal consiste en velar porque el Estado asegure, a través de sus normas y prácticas, las garantías mínimas del debido proceso, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva.
La institución recordó que el estándar internacional aplicable es claro y reiterado: el derecho a recurrir una condena no se satisface con la mera existencia formal de un recurso, sino que exige que este sea real, accesible y eficaz.
