Dándole seguimiento a la mediación de unas 28 reclamaciones de indemnización, por parte de usuarios afectados por accidentes en el sistema de transporte MiBus, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, sostuvo una reunión con las partes legales involucradas, para definir los pasos a seguir.
En ese sentido, los representantes de todas las instituciones presentaron sus aportes para garantizar que cada demandante reciba su indemnización o que se llegue a acuerdos favorables para ambas partes.
Según la Procuraduría de la Administración, representada por Harley Mitchell y el Ministerio Público, representado por el Fiscal del Circuito de Asuntos, Juan Lorenzo, las negociaciones deben ser individuales y los acuerdos se deben aceptar de quienes quieran acogerse a esta figura.
En tanto, el representante del Ministerio de la Presidencia, Raúl Sutherland, aseguró que estas indemnizaciones deben ser vistas como un concepto humano y se toma como ejemplo el caso del accidente del helicóptero SAN 100 que, aunque no fue tratado como indemnización, se logró un apoyo económico humanitario a los familiares.
La Defensoría del Pueblo seguirá brindando el apoyo a los 28 afectados cuyos Derechos Humanos han sido violentados, sin respuesta, a pesar de que varios sufrieron mutilaciones de sus extremidades.
“Vamos a seguir apelando hasta que se vayan subsanando los casos, aunque sean los más sencillos, pero que se vayan subsanando”, destacó el Defensor Leblanc en la reunión.
En la reunión también destacó que, si la estructura jurídica de MiBus no funciona, hay soluciones legales que permiten poder hacer algo sobre cada tema. La idea es no seguir en conflicto y buscar los mecanismos, lo que queda es subsanar.
Se dejó claro que el Metro de Panamá S.A. sería el encargado se cumplir financieramente con las indemnizaciones, en tal caso que se aprueben, mientras que la representante de MiBus, Lina Zamora, señaló que la empresa está tratando de encontrar una solución jurídica a ese tema, a la vez que recibe como recomendación que se mantengan en la negociación para buscar un acuerdo y llegar a un finiquito con cada caso.
El Defensor del Pueblo concluyó en que, conversará con el Contralor de la República, según sea cada caso, a fin que determine los refrendos, ya sea previos o posteriori, a la vez que se reconoce que le corresponde al Consejo de Gabinete al final aprobar la indemnización.
