La Defensoría del Pueblo mantiene seguimiento a cinco municipios: Taboga, San Carlos, Arraiján, San Félix y Colón por el supuesto cobro ilegal de ingreso a sus playas y por lo cual dio un plazo de cinco días hábiles para responder algunas interrogantes sobre el fundamento legal de dicha medida.
Según el director de Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Julio De Gracia, la institución da continuidad a una queja presentada por presunta vulneración del derecho al Orden Jurídico y solicita dar respuesta como lo establece el Artículo 27 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997.
El plazo para responder las preguntas formuladas por la Defensoría del Pueblo, vence el próximo martes 24 de enero aseguró De Gracia.
La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante para determinar si existe o no una vulneración a los derechos humanos de la población panameña.
