El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, recibió a un grupo de moradores provenientes de 10 comunidades del sector de Panamá Este, quienes reiteraron su profunda preocupación por la persistente falta de agua potable, situación que vulnera su derecho humano al acceso al agua.
Durante la reunión, los representantes comunitarios de áreas como Paso Blanco 1 y 2, San Diego, Las Garzas, Altos de San Francisco y otras comunidades, manifestaron que la crisis hídrica, lejos de mejorar, se ha agudizado por una serie de eventos que, según información recibida, podrían tener origen intencional o delictivo.
El Ombudsman manifestó que ha recibido información sobre la falta de mantenimiento adecuado en los últimos tres años, especialmente en la planta potabilizadora de Pacora, que es una de las más preocupantes. Además, en los últimos seis meses se han registrado al menos seis daños consecutivos en las bombas de esta planta, lo que podría indicar la posibilidad de mano criminal o actos de posible sabotaje.
“Nos preocupa enormemente esta situación. El agua es un derecho humano y si existen acciones deliberadas que interrumpen el suministro, estas deben ser investigadas con urgencia por las autoridades competentes”, expresó Leblanc González.
Asimismo, los moradores denunciaron la manipulación ilegal de llaves de paso en distintos sectores, lo que ha alterado el curso regular de distribución y ha dejado sin suministro a cientos de familias durante varios días.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo mencionó que la gestión del suministro de agua mediante camiones cisterna como solución temporal ha generado en diversas ocasiones una distribución inequitativa entre las comunidades afectadas. Sin embargo, reconoce que el IDAAN ha implementado un sistema de control que incluye códigos QR, geolocalización por GPS y monitoreo de galones, con el fin de prevenir prácticas indebidas por parte de algunas empresas contratistas, conductores y/o ciertos pobladores.
Además, señaló que un factor adicional que complica la situación actual es la creciente contaminación del río Pacora debido a los afluentes y la actividad de las canteras cercanas, lo que podría estar afectando negativamente la capacidad de captación y potabilización del agua.
En respuesta, el Ombudsman anunció que solicitará informes técnicos actualizados al Ministerio de Ambiente y exhortará al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio sobre estos hechos.
“Estamos trabajando de manera inmediata en la articulación de una mesa técnica con el IDAAN, MiAmbiente, MIVIOT, MINSA, Alcaldía, MIDES y representantes comunitarios. No solo es necesario aumentar el presupuesto para operación y mantenimiento de las plantas —actualmente solo 9 mil dólares anuales por cada bomba que posee el IDAAN— sino también garantizar la seguridad física y ambiental de la infraestructura”, advirtió Leblanc González.
El dirigente comunitario Jorge Guzmán subrayó que la participación activa de la Defensoría del Pueblo ha sido vital en visibilizar una problemática de vieja data, que pone en riesgo la salud, dignidad y calidad de vida de miles de personas.
Acompañaron al Ombudsman el director de Protección de los Derechos Humanos, Julio De Gracia, y el director nacional de operaciones comerciales del IDAAN, Pedro Antonio Saavedra.
