El propósito del tercer debate del Proyecto 23 es consecuente con poner ley y orden al pago de sumas millonarias injustificadas por liquidaciones a directivos de empresas estatales y de cerrar una fuga de dinero del erario público, que según cálculos representa hasta un millón de dólares.
Así se establece en la iniciativa de Ley 23, que adiciona disposiciones a leyes orgánicas que regulan a las empresas estatales. Lo aprobado fue producto de las reuniones de la Mesa Técnica promovida en la Comisión de Comercio.
Determina las prestaciones laborales de los funcionarios que ocupen el cargo de gerente general, subgerente general y auditor interno, al concluir el periodo de su designación o cuando sean reemplazados por su condición de servidores públicos de libre nombramiento y remoción.
La diputada Adriana Coba, proponente, reiteró que ahora sólo se estará a un paso, la sanción del Ejecutivo, de cerrar las puertas a la mala práctica de altos directivos de empresas estatales, que prestan servicio público al Estado, de cobrar indemnización por liquidaciones, sin ser parte de los acuerdos logrados por los trabajadores regulares o de planilla.
Se establecen normas claras del pago de indemnizaciones y se excluye a funcionarios o altos directivos gerenciales, los cuales son designados por un periodo determinado concurrente con el quinquenio presidencial o sea 5 años.
LA NORMA SUPRIME LA DESIGUALDAD ENTRE TRABAJADORES
Adiciona disposiciones referentes a leyes orgánicas que regulan a estas empresas reconociendo el derecho de recibir los décimos tercer mes y vacaciones, de forma proporcional, al concluir el periodo de su designación o cuando sean reemplazados.
Centra de manera expresa y contundente, que los funcionarios que llegan por el Ejecutivo son de libre nombramiento y remoción y no tienen derecho a estas indemnizaciones o liquidaciones, una vez termine su periodo o sean reemplazados.
La génesis de la norma nace a raíz de los mutuos acuerdos que se daba en los cargos de alta gerencia de empresa estatales que recibían cifras exorbitantes en conceptos de prestaciones laborales o liquidaciones, que de acuerdo con datos ascendían hasta 300.000,000 mil dólares.
