Por Jorge I. González
Abogado
El estado atraviesa una aguda crisis de sus instituciones republicanas debido a la coacción dictatorial del ejecutivo, como expresión de la concertación de intereses de la elite plutocrática del país enfocada en arrasar toda resistencia ciudadana a la explotación social y garantizar la sumisión a Donald Trump, quien avanza planes de guerra contra China Popular y tantea intervenciones contra países de América Latina, buscando la retoma del Canal mediante amenazas a nuestra soberanía nacional en franca contradiccón con nuestra jurisdicción nacional, así como la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas, y los pactos internacionales por los derechos sociales, civiles y políticos, que reconocen la autodeterminación nacional y rechazan la agresión como método. En cambio, el gobierno de José Mulino impone un régimen de terror neofascista avasallando las garantías fundamentales del Título III de la Constitución Política de la República.
La firma del memorandum de entendimiento con EE.UU ignorando al artículo 325 de la Constitución, que mandata la realización de un referéndum popular y la ratificación de la Asamblea Nacional, aunado a las medidas del gobierno contra el derecho a huelga de los docentes, el excesivo uso de fuerza contra la ciudadanía, la injerencia del ejecutivo en campos exclusivos del ministerio fiscal, la violación territorial a la autonomía universitaria, los procesos de ilegalización de organizaciones obreras, los hechos de barbarie contra los derechos humanos en Bocas del Toro, lo cual raya en la posibles delitos contra el derecho internacional en modalidad de lesa humanidad; son todas acciones de carácter autoritario que contravienen los artículos 4, 17, 23, 68, 69, 103, 325, de la Constitución Política. El poder legislativo, en uso de las facultades judiciales conferidas por el artículo 152 constitucional, está en la obligación de investigar y enjuiciar al presidente cuando el mismo viole la Constitución. Grupos de abogados y ciudadanos han interpuesto querellas legales contra el primer mandatario en este sentido.
En la administración de justicia se implantó el NEOFASCISMO JUDICIAL, la utilización del poder judicial en arreglo a la ideología del poder ejecutivo, reflejado en la judicialización extrema de la protesta social, de una forma no vista desde los años 70 y 80 del siglo 20. El presidente cada jueves ordena y los fiscales cumplen, quedando evidenciado el colaboracionismo amanuense del Ministerio Público, lo cual se traduce en el LAWFARE o la guerra político judicial contra enemigos políticos, en este caso, la sociedad civil y los movimientos sociales que cuestionan medidas lesivas a la población, tales como la Ley 462 que reforma la seguridad social, la reapertura de la mina y la subordinación a los dictados imperiales de Donald Trump, que nos involucra en una guerra de potencias nucleares.
La respuesta de la Corte Suprema de Justicia ha sido instrumental, optando por sacar ventaja oportunista del momento a pertrechándose de todos los privilegios económicos posibles, aumentos de salarios y montos de jubilaciones, a expensas del erario y la autonomía de los órganos del estado. Las expresiones gremiales de la abogacía aparecen plegadas al poder, así lo indica el más básico análisis de la ciencia política. Han sido los juristas independientes, de compromiso social, convicción civil y corte progresista, quienes han dado frente al autoritarismo en pro de las libertades y la independencia nacional.
Este escenario configura una dictadura cívico militar a cuatro décadas de la instuaración de la llamada democracia liberal oligárquica, de garantías y derechos restringidos. Ahora, el más elemental ejercicio de los derechos es atacado y estigmatizado.
Es terrorismo de estado. La dinámica de los movimientos sociales y de conciencia de la ciudadanía expresadas en 2019, 2022, 2023 y 2025, pretende ser contrarrestada por la elite que se aferra a la hegemonía y control social. Los profesionales del Derecho con visión de compromiso social asistimos a esta fecha especial haciendo un llamado por la forja de la nueva democracia, el antifascismo y la soberanía, en fiel honor al ilustre del Don Justo Arosemena, figura cimera en cuyo recuerdo se conmemora hoy el Día del Abogado. Panamá, 9 de agosto de 2025.
