En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es fundamental reflexionar sobre el grave incumplimiento de las normativas que buscan garantizar la inclusión y equidad para este grupo en Panamá. A pesar de la existencia de leyes como la Ley 134 de 2013 y la Ley 42 de 1999, que establecen derechos claros en materia de accesibilidad, descuentos económicos y equiparación de oportunidades, muchos espacios públicos y privados siguen sin ser aptos para personas con discapacidad, especialmente quienes utilizan sillas de ruedas.
Rampas mal diseñadas, baños inaccesibles y la falta de señalización inclusiva son problemas recurrentes. Además, algunas empresas prefieren pagar multas antes que invertir en la adecuación de sus instalaciones, perpetuando un sistema que excluye y discrimina. La Ley 42, por ejemplo, establece la obligación de garantizar el acceso al entorno físico y a los medios de transporte, pero en la práctica, esta disposición es ignorada con frecuencia.
María González, madre de un joven en silla de ruedas, destaca la frustración diaria que enfrentan las familias: “En muchos lugares, ni siquiera hay rampas funcionales. Nos dicen que están ‘en trámite’ o que no son obligatorias. Es indignante que se sigan violando derechos básicos bajo excusas administrativas.”
Además de los problemas de accesibilidad, persisten obstáculos para el acceso a los beneficios económicos que garantiza la Ley 134 de 2013. Desde descuentos en transporte público hasta la exoneración de impuestos en actividades culturales, muchos de estos derechos no se cumplen. Incluso, las personas certificadas por SENADIS enfrentan trabas burocráticas y desinformación al intentar hacerlos valer.
Otro aspecto alarmante es el incumplimiento de la obligación de las empresas de contratar al menos al 2% de su personal con discapacidad, como exige la ley. En muchos casos, prefieren pagar las multas antes que ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad, quienes muchas veces son plenamente funcionales y aportan gran valor a sus organizaciones. Este comportamiento no solo es una violación de la ley, sino también una muestra de prejuicio y falta de compromiso con la inclusión laboral.
Luis Pérez, un hombre con discapacidad física, compartió una experiencia reciente al intentar hacer el mantenimiento de su vehículo en un taller automotriz: “Cuando pedí el descuento del 20% que me corresponde según la ley, el encargado se negó rotundamente, argumentando que no conocía la norma. Tuve que insistir mostrando mi certificado e indicando que llamaran al gerente y a su abogado.” Este tipo de situaciones refleja una clara falta de compromiso y conocimiento sobre las normativas vigentes.
El incumplimiento no solo afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que también refuerza la exclusión social y económica. Este 3 de diciembre, la sociedad y las autoridades están llamadas a transformar estas realidades. El verdadero progreso no se mide en leyes aprobadas, sino en su implementación efectiva y en la eliminación de barreras que aún persisten.
