Por Jorge I. González
Abogado Panameño
Panamá vive hoy una dictadura, política y de clase, oligárquica, antinacional. La resistencia popular crece. Desde hace semanas efervese la lucha ciudadana en defensa de la seguridad social, el extractivismo y en defensa a la soberanía ante las amenazas de Trump. Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina.
En los días que lleva de presidente, el señor José Mulino ha entronizado en el Palacio de Las Garzas una forma de gobierno despótica, caracterizada por un discurso arrogante, de talante tiránico, lleno de odio social hacia las clases pobres, no ha escatimado esfuerzos usar la represión policial militar y la persecución judicial contra los movimientos sociales, con el objetivo de imponer a sangre y fuego medida lesivas a los derechos sociales y en otros casos, antagónicas a la soberanía nacional. El dictador Mulino definió a su gobierno como 100% representativo de los intereses de la alta empresa, sin tomar en cuenta que la amplia mayoría del país la conforman los asalariados, profesionales, trabajadores informales, pequeños y medianos empresarios, amas de casa, campesinos humildes y medios, así como los pueblos originarios, históricamente excluidos desde el virreinato español y ahora, en el neocolonialismo.
La imposición de una reforma que destruye la seguridad social, la firma del entendimiento Abrego-Hegseth, con Estados Unidos, mamotreto violatorio del Derecho Internacional Público, que se produce en un contexto de amenaza de invasión que vicia la voluntad contractual y atenta contra la autodeterminación nacional, la Constitución Política y los Tratados Torrijos Carter, mezclado a la necedad de mantener en operaciones a la mina de Donoso, ignorando el consenso de la población; son en general los componentes de un plan de carácter hondamente anti popular y antinacional, de extrema derecha, que solo puede imponerse mediante la violencia institucional, el espionaje y la vulneración de las garantías consagradas a partir del artículo 17 de la Constitución Política vigente.
El ataque deliberado, criminal, con todo tipo de gases y saña física hacia toda forma de protesta social acompañado de detenciones arbitrarias a lo largo de la geografía nacional, la militarización de las avenidas y de la Policía Nacional, el sobrevuelo de drones con fines de intimidación e inteligencia contra manifestantes, la judicialización de los procesos de policía contra jóvenes estudiantes, el cerco financiero a los sindicatos beligerantes, el asedio a la Universidad de Panamá, el bombardeo constante a sus instalaciones y la violación de la gendarmería a su autonomía instaurada en el artículo 103 de la Constitución; constituye una cadena de sucesos que configura la clara existencia de una dictadura. La más mínima expresión de disenso es amenazada desde la conferencia presidencial de los jueves, con ser aplastada por las fuerzas represivas, promoviendo un clima de terror y delación (sapería), que mediatice el levantamiento social, asemejando al Consejo de Seguridad actual con el extinta DENI, organismo de espionaje de las épocas represivas de Noriega.
Asoma su rostro una vez más el gorilato contra las instituciones republicanas. Milicos locales y extranjeros. La Policía Nacional se ha desnaturalizado y se ha convertido en un híbrido cuasi militar, parecido a la Guardia Nacional que tanto reprimió al pueblo en la segunda mitad del siglo 20. Una institución que debe ser reestructurada, transformada, depurada del militarismo y el estigma contra lo civil, que asuma el rol de una entidad de policía que salvaguarde la integridad de la población, y no usada como medio dictatorial para proliferar el temor ciudadano, evolucionada a cuerpo cipayo de ocupación al servicio de la oligarquía y de la presencia militar norteamericana, última esta que viola el artículo 310 de la Constitución Política, que establece que la República de Panamá no tendrá ejército. Además, la presencia militar extranjera contraviene el artículo 5 del Tratado de Neutralidad, que establece que solo la República de Panamá mantendrá fuerzas militares, instalaciones de defensa y militares dentro de su territorio.
La dictadura de Mulino ha pasado por encima de la Constitución al obviar deliberadamente el artículo 325 de la Carta, el cual obliga a que todo tratado o convenio sobre el Canal de Panamá y su protección, sea debatido en la Asamblea Nacional y sometido a referéndum popular. El contenido del nefasto entendimiento entre Mulino y Trump se corresponde a un cambio radical del estatus del Canal y, a relación entre ambos estados, desde el 31 de diciembre de 1999, fecha de cumplimiento del Tratado del Canal. Es materia propia de un verdadero tratado o convenio. En consecuencia, el dictador y ministros amanuenses incurrieron en presunta violación del artículo 425 del Código Penal, que tipifica el delito contra la personalidad internacional del estado. Mulino ha sido querellado por diversos grupos de ciudadanos, convirtiéndolo en potencial imputado ante la Asamblea Nacional, órgano del estado llamado a juzgar al presidente con base al artículo 160 y conexión al 191, de la Constitución Política vigente.
El pueblo panameño no se queda impávido frente a la dictadura y su arremetida contra las libertades, e importantes sectores del país se movilizan contra el régimen. Fue convocada una huelga indefinida, crece la agitación nacional, con miles de panameños y panameñas en las calles exigiendo el retorno al sistema solidario de jubilaciones, el retiro de Panamá del memorándum con Estados Unidos, y el cierre definitivo de la mina en Donoso. Al momento de esta pluma, la lucha sigue y está en pleno desarrollo. El pueblo confronta con el arma de la razón a la tiranía.
Panamá, 11 de mayo de 2025.
