Por: Alfonso Fraguela
El aporte económico del gobierno nacional, denominado el vale digital, vino a cumplir una función social dentro del marco de la pandemia del COVID-19 que vivió nuestro país en el año 2020.
Este subsidio estatal, buscaba garantizar la alimentación básica para la población que fuera impactada por los despidos, cierres de empresas, suspensiones de los contratos de trabajo, quiebras y cualquier modalidad que impidiera al individuo generar los ingresos mínimos para el sustento propio y de su familia durante la Pandemia.
Todo esto, nos pareció una respuesta rápida y coherente de los regentes de la cosa pública, haciendo una justicia social y respetando los derechos humanos de los residentes en el territorio nacional de la República de Panamá.
Para aquel entonces los requerimientos básicos para el otorgamiento del vale, era demostrar que se estaba enfrentando una calamidad por falta de empleo y la ausencia de dinero producto de aquel.
En ese momento, la humanidad se debatía entre restricciones de movilidad, una crisis económica sin precedentes y la falta de inversión extranjera, ya que todos los países se encontraban en similar situación. Pero ahora en el 2023, tres años después de la Pandemia, continuamos con un subsidio estatal, donde el requerimiento
para su otorgamiento son unos cursillos que deben ser otorgados por centros de adiestramientos estatales, manteniendo a la población con lo básico, pero evidenciando la ausencia de una política gubernamental tendiente a sacar de la lista de desempleados a sus beneficiarios y colocarlos en la lista de los asalariados.
La falta de políticas económicas que generen la inversión extranjera, y en consecuencia la generación de empleo, ha quedado retratada de cuerpo entero, manteniendo a los beneficiarios en ese sector sin la posibilidad de un empleo digno que pueda generar los recursos económicos para ofrecer a sus familiares una mejor calidad de vida.
No nos oponemos a una ayuda estatal, pero debe ser temporal y debe caminar de la mano con políticas públicas a corto plazo para que esa población necesitada pueda incorporarse a la actividad productiva del país.
Solamente de esta manera, los fondos públicos, que son empleados para los subsidios, podrían ser empleados para atender otras necesidades también de la población.
