Mientras en Panamá entró en vigor la Ley 315 que prohíbe el uso, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos, Filipinas aprobó la “Ley del Vape”, que reconoce el derecho de más de 16 millones de filipinos a tener acceso a alternativas eficaces y seguras que le ayuden a reducir el impacto del consumo de tabaco en la salud.
La Ley de Regulación de Productos de Nicotina y No Nicotina Vaporizados regula la importación, fabricación, venta, empaque, distribución, uso y comunicación de productos de vapeo como cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado (HTP).
Con la Ley Vape, además, se protegerá a los menores de edad debido a que se les prohibirá comprar cigarrillos electrónicos y se establece sanciones para quienes sean sorprendidos violando las prohibiciones de esta norma.
La decisión del congreso filipino constituye la primera ley integral contra el tabaquismo en casi 20 años y da marcha atrás a lo aprobado en 2017. Se espera que con esta nueva legislación se puedan bajar las tasas de tabaquismo, que mata a más de 100 mil fumadores filipinos anualmente.
La norma busca establecer nuevas políticas para reducir la cantidad de muertes causadas por la epidemia de tabaquismo, además de establecer disposiciones para evitar la venta de estos productos a los menores de edad, al fijar una edad permitida para el consumo.
Con esta nueva ley también se plantea una estrategia distinta en la lucha contra el contrabando de cigarrillos, que en los últimos años se ha convertido en un flagelo para ese país, dejando en evidencia que, en lugar de frenar el contrabando, se terminó promoviendo el delito.
Filipinas fue uno de los países que en 2003 votó ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.
La realidad de Panamá
La misma situación padece Panamá donde el mercado de cigarrillos de contrabando se apodera de las calles de Panamá. En 2016, el 60,8% de los cigarrillos consumidos en Panamá eran de contrabando, mientras que, en 2021, cinco años después, esta cifra aumentó a 87.9%, según el Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales realizado en Panamá en 2021 por Nielsen (Líder global en conocimiento de audiencias, datos y analítica).
Desde la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá (ARDTP) y la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo han advertido que aprobar legislaciones como la recién sancionada y promulgada Ley que prohíbe el uso, comercialización e importación de cigarrillos electrónicos, impulsa el comercio ilícito.
Sobre el tema, Tomás Sánchez, presidente de la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá, insistió que con esta ley se está enviando un mensaje al mercado ilícito de que en Panamá está permitido el contrabando, violando así todos los convenios internacionales que ha firmado Panamá para combatir el contrabando.
Sánchez sostiene que esta ley sigue condenando a los fumadores a seguir utilizando el cigarrillo de combustión porque no hay alternativas para ellos, mientras que en el resto del mundo tienen acceso a cigarrillos electrónicos y otros dispositivos sin combustión menos nocivos.
