La abogada Guimara Aparicio Ortega, quien aún ocupa el cargo de magistrada del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y que recientemente fue designada por el Ejecutivo como magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, recibió el pasado 25 de noviembre en su despacho un amparo de garantías constitucionales; nada más recibirlo, ordenó su admisión y requirió el envío de un informe acerca de los hechos en un plazo extremadamente perentorio de dos horas (2). La apresurada acción de Aparicio Ortega ha causado sorpresa y generado sospechas. Lo inusitado de su decisión pareciera favorecer las tácticas dilatorias de los representantes de la sociedad Las Brisas de Amador, quienes llevan más de una década evadiendo sus responsabilidades con un grupo de inversionistas europeos que se sienten burlados y estafados.
Decisión fugaz y sospechosa
El 25 de noviembre de los corrientes, el abogado Giovani Javier Castillo Sánchez presentó un recurso; la acción buscaba desestimar el fallo del Juzgado Cuarto del Circuito de Insolvencia del Primer Distrito Judicial que rechazó de plano la advertencia de nulidad insubsanable presentada por el mencionado abogado en representación de Las Brisas de Amador S.A., dentro del proceso concursal de liquidación forzosa que presentó la sociedad Vikingo Joint Ventures INC. y Vikingo Overseas, INC., en contra de Las Brisas de Amador, S.A.
El recurso fue desestimado, pero el mismo abogado retomó las artimañas legales que por años han utilizado sus clientes y recurrió la sentencia de la juez Tatiana Ovalle, encontrando en esta ocasión el visto bueno de la magistrada Guimara Aparicio Ortega, quien apresuradamente admitió el recurso, favoreciendo de momento una más de las recurrentes tácticas dilatorias de Las Brisas de Amador. La decisión de quien a partir del 2 de enero del próximo año asumirá como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia la pone en el ojo de la tormenta, reavivando el debate sobre de qué lado están los juzgadores cuando, con decisiones como esta, favorecen a quienes obstruyen la aplicación de la ley, dilatando los procesos y, como en este caso, pretendiendo evadir sus responsabilidades comerciales, la ley y la justicia.
Llama poderosamente la atención que, mientras la juez Tatiana Ovalle en su sentencia dejó claro y sustentado que los fundamentos presentados por la defensa de Las Brisas de Amador eran infundados e improcedentes y que su única pretensión era reabrir un debate ya resuelto en audiencia, la juez Guimara Aparicio Ortega, en cuestión de horas, admita la queja sin ofrecer una argumentación clara, pero que además, sin tener el contexto del caso, ordene su admisión desautorizando a su colega mientras ampara a los acusados, quienes reiteradamente se han valido de este tipo de argucias para burlar la justicia.
