El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aclaró que el nuevo decreto sobre precios tope de medicamentos refuerza la protección al consumidor al mantener el control sobre los medicamentos crónicos más sensibles para la población, y elimina del control aquellos fármacos cuyo precio ya ha bajado de forma efectiva en el mercado o son distribuidos aún más baratos por el sistema público de salud.
“No tiene sentido seguir regulando medicamentos cuyo precio en el mercado ya está por debajo del tope anterior. Eso significa que la política de reducción de precios ha funcionado, y por eso hoy hay menos necesidad de intervención en ciertos productos”, explicó el ministro.
El Decreto Ejecutivo N.° 36, firmado por el presidente José Raúl Mulino y publicado el 30 de septiembre, mantiene la regulación de precios sobre 51 medicamentos esenciales utilizados para tratar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, epilepsia, depresión, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas y óseas.
Esta actualización forma parte de un proceso de revisión técnica del comportamiento real del mercado farmacéutico, en el cual se evaluaron 119 medicamentos que estaban previamente bajo control de precios. Como resultado del análisis, más de 60 fueron excluidos del nuevo listado porque su precio actual en farmacias privadas ya es más bajo que el precio tope anterior.
“Los medicamentos que fueron retirados del control de precios son aquellos que ya se venden en el mercado a un precio menor al que establecía la regulación anterior. Además, el Ministerio de Salud los ofrece aún más baratos en su red de farmacias, como parte del esfuerzo que el presidente José Raúl Mulino ha impulsado para reducir el costo de los medicamentos.”, explicó. El ministro también recalcó que esta medida no es una decisión arbitraria ni basada en percepciones públicas, sino el resultado de un análisis técnico y riguroso realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que revisó los precios reales en el mercado panameño.
“Esto se hace científicamente. Nos importa muchísimo el paciente, y por eso seguimos controlando los precios donde sí se necesita. Esta es una política pública enfocada en resultados, no en discurso”, enfatizó el titular del MICI.
El nuevo enfoque permite mantener la protección al consumidor donde todavía hay riesgo de precios elevados, al tiempo que evita regular productos que ya están accesibles, liberando recursos para fortalecer el sistema de vigilancia y garantizar el abastecimiento.
La regulación tendrá una vigencia de seis meses y comenzará a regir a partir del próximo viernes 10 de octubre.
Durante este período, Acodeco será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento del decreto, realizando inspecciones y aplicando sanciones a los agentes económicos que incumplan con los precios establecidos.
