Es un hecho conocido que la empresa Minera Panamá, S.A. opera una de las más importantes concesiones mineras del país y que mantiene aspectos legales pendientes por resolver.
Por tal razón, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, designó un equipo de alto nivel para negociar todos los aspectos que se derivan de la relación contractual con dicha empresa, de manera que el país reciba beneficios justos, manifestó el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, este miércoles en el Anfiteatro de la Presidencia de la República.
El equipo de alto nivel estará conformado por los ministros de Comercio e Industrias, quien lo coordinará; de Economía y Finanzas, de Ambiente y de Trabajo y Desarrollo Laboral. También lo integran el doctor Adolfo Ahumada, exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter; el licenciado Manuel Orestes Nieto, escritor y diplomático; el doctor Daniel Esquivel, asesor experto en Ciencias Geológicas; la ingeniera Ana Méndez, geóloga; el doctor Marcel Salamín, exembajador de Panamá; el doctor Nils Castro, exasesor del general Omar Torrijos Herrera para Asuntos Internacionales; y el abogado Roberto Ábrego, diputado presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
El equipo estará acompañado por expertos en asuntos económicos y técnicos ambientales; y contará con el apoyo de asesores internacionales.
En los aspectos legales, en el marco de la alianza con el Internacional Senior Lawyers Project (ISLP), se seleccionó a la firma Hogan Lovells, que ha puesto a un grupo de abogados con experiencia comprobada en negociación de contratos, litigios y arbitrajes internacionales.
Para los aspectos técnicos y económicos, la iniciativa CONNEX del G-7 ha asignado consultores de reconocida trayectoria en temas fiscales y económicos de operaciones mineras.
En los próximos días, se llevarán a cabo las primeras reuniones para definir metodologías e iniciar negociaciones con la empresa Minera Panamá.
El equipo conformado por el presidente de la República velará porque las negociaciones se realicen en defensa de los mejores intereses nacionales, con apego a la Ley y en un marco de transparencia, agregó Martínez.
