A través de un comunicado el Gobierno manifestó que no puede interponerse en los procesos legales, al referirse a la solicitud de los actuales directivos de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (APACH) de que éste intervenga en un caso netamente contractual con el Banco Nacional de Panamá.
Explica, además, que el Banco Nacional o puede emitir comentarios al respecto de los reclamos de los actuales directivos de APACH, en virtud de las restricciones que le imponen las normas de confidencialidad bancaria sobre las transacciones que realizan con sus clientes.
Los bienes de APACH (edificio y molino) que fueron adjudicados al Banco Nacional de Panamá a través de procesos judiciales se están deteriorando con el tiempo y la falta de uso. Las regulaciones bancarias establecen que los bancos deben disponer de los bienes reposeídos dentro de un tiempo perentorio a efecto de reducir sus posibles pérdidas.
Actualmente, el edificio, que es propiedad del Banco, sólo tiene un local ocupado por la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Arroz y Granos, R.L. (COOPRAG), cuyo presidente es Gabriel Arauz, quien también funge como presidente de APACH.
El contrato de arrendamiento de dicho local venció el 30 de abril de 2019 y el Banco Nacional de Panamá, en su calidad de arrendador, le otorgó a COOPRAG tres prórrogas para desalojar el local.
El desalojo del local ocupado por COOPRAG en la antigua sede de APACH, es un tema netamente contractual entre el Banco Nacional de Panamá y su arrendatario.
La pretensión de APACH de que el Gobierno Nacional intervenga en este asunto haciendo ver que se está lesionando a los productores de arroz de Chiriquí, es completamente infundada.
