El Gobierno Nacional hace de conocimiento público que, tras un arduo proceso de negociaciones y consultas que tuvo por meta la defensa de intereses particularmente sensibles para los panameños, se alcanzó un acuerdo final con Minera Panamá, filial local de First Quantum Minerals, bajo el cual el Gobierno espera recibir para el país 10 veces más de lo que recibía bajo el contrato de 1997.
El acuerdo logrado, mediante el cual se regularizan las operaciones de la empresa Minera Panamá, garantiza a Panamá beneficios similares a los asegurados a otros países de la región en materia de concesiones mineras. El acuerdo contempla la satisfacción, por parte de Minera Panamá, de los compromisos anunciados en enero de 2022 por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entre ellas, el Estado espera alcanzar un ingreso mínimo anual de B/. 375 millones de dólares durante la vida del contrato.
Son aspectos destacados del acuerdo, entre otros: el incremento de las protecciones ambientales en la operación minera; el establecimiento de medidas anticorrupción que garantizan transparencia en la gestión empresarial, así como facultades de supervisión del Estado y su derecho para aplicar normas cónsonas con estándares internacionales sobre elusión fiscal y materias afines.
La duración del contrato a suscribirse entre las partes será de 20 años, prorrogables, garantizándose los derechos de los trabajadores, así como el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades de impacto, al tiempo que se fortalece la condición del país como productor mundial de cobre. “Este contrato se inspira en el bienestar social y el interés público y es justo para los panameños”, afirmó el Ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.
Por su parte, el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén destacó, “La firmeza y determinación con que el presidente Cortizo Cohen orientó y condujo este largo y complejo proceso negociador. Los resultados obtenidos hacen honor al compromiso anunciado por el Presidente en enero de 2022”, recalcó.
En la oportunidad, el mandatario había dado a conocer que el 50% de los ingresos anuales por extracción de cobre serán para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.) de la Caja de Seguro Social y 20% para que ningún jubilado o pensionado reciba menos de B/. 350 mensuales.
Por su parte, el 25% de los ingresos mínimos anuales serán destinados a los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón y Áreas Colindantes con el proyecto. De tales ingresos, un mínimo del 95% será para proyectos de inversión y solo hasta el 5% para funcionamiento.
El jefe de Estado subrayó entonces que para el manejo de estos fondos se establecerá el “Fideicomiso Conquista del Atlántico”. También explicó que “La identificación de los proyectos de inversión obedecerá a un Plan Maestro formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con planificación participativa de los gobiernos locales, con sus respectivas comunidades organizadas, para generar soluciones que mejoren de manera integral la vida de los habitantes de las comunidades impactadas”.
El presidente Cortizo igualmente anunció que la Universidad Tecnológica de Panamá, en conjunto con las respectivas instituciones del gobierno nacional, prepararán las especificaciones técnicas de los proyectos correspondientes. Adicionalmente la UTP asesorará y supervisará las obras con un equipo de expertos en administración de proyectos.
De este 25% de ingresos se establecerá un fondo para becas en el exterior, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. Ello incluye recursos destinados a la capacitación técnica para el trabajo.
También adelantó que el 5% de los ingresos mínimos anuales se dirigirán a la creación y funcionamiento del Instituto de Estudios para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, a fin de actualizar teoría y práctica de la enseñanza con los mejores niveles de la región.
El texto del acuerdo convenido estará a disposición de la ciudadanía durante su período de consulta pública, después del cual el contrato de concesión será llevado al Consejo de Gabinete, que considerará autorizar al Ministro de Comercio e Industrias a firmarlo y presentarlo para revisión y refrendo del Contralor General de la República.
Luego será presentado para su aprobación a la Asamblea Nacional y finalmente sometido a la sanción del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.
