En Asamblea General celebrada en la Comunidad de Cerro Cenizas, Corregimiento de Cerro Puerco, Comarca Ngobe Buglé, las autoridades tradicionales de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), manifestaron su descontento por la poca actuación de las autoridades de gobierno frente a la constante denuncia de usurpación e invasiones de tierras indígenas en toda la geografía nacional.
Los líderes de los pueblos originarios de los 12 congresos y consejos y los siete pueblos indígenas del país, manifiestan estar en alerta máxima por la tala de bosques y la usurpación de tierras en comarcas, tierras colectivas o territorios no reconocidos y que se han acelerado en estos tiempos de pandemia sin ningún tipo de control o atención gubernamental, afectando severamente el medio ambiente en los territorios.
En su pronunciamiento, las autoridades señalan “Repudiamos que históricamente acciones legales iniciadas por nosotros ante agencias gubernamentales responsables, para que se penalicen actos delictivos de colonos, no prosperan y se archivan. En cambio, cuando colonos gestionan procesos contra indígenas o sus dirigentes, logran todo el apoyo y la aplicación de leyes de manera parcializada y discriminatoria”.
Las autoridades reconocen importantes esfuerzos como del Ministerio de Ambiente que emitió una resolución que favorece las titulaciones de tierras colectivas, incluso considerando área protegidas; así como la reciente creación de la Comarca Naso Tjer Dí; sin embargo, lamentan el estancamiento y lentitud en las documentaciones de sus procesos de titulaciones de tierras en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), incumpliendo compromisos del actual gobierno con los pueblos indígenas, utilizando como pretexto la situación de la pandemia.
Frente a esta denuncia, en un comunicado, las autoridades tradicionales de la COONAPIP exigen:
1- Establecer una comisión entre COONAPIP y el Gobierno Nacional para identificar los problemas de seguridad de tenencia, invasiones, talas indiscriminada, y buscar soluciones pacíficas.
2- Eliminar el doble discurso de intención de apoyo, que se traduce en acciones dilatorias y favores a intereses económicos, porque existe una agenda oculta contraria a nosotros. Se hace imperativo un plan institucional para y con los pueblos indígenas, que atienda los problemas de manera expedita.
3- Exigimos el cumplimiento de estándares internacionales, incluyendo las sentencias por el Alto Bayano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014). Apoyamos a los hermanos de Guna Yala para que se les devuelvan sus tierras ancestrales de Nurdargana, vendidas a extranjeros.
4- Es imperativo elaborar una iniciativa legislativa que frene las invasiones y penalice a los usurpadores de tierras indígenas; y elevar estas infracciones a categoría de delitos. Pareciera a veces que una vaca tiene más leyes que la protejan, que un ciudadano indígena.
El pronunciamiento de la Asamblea General de la COONAPIP, concluye señalando, “Advertimos que de no haber respuesta a nuestras correctas exigencias, las autoridades indígenas evaluarán las acciones de presión a realizar. Responsabilizamos al gobierno de cualquier situación que atente contra la integridad y la vida de los pueblos indígenas, al actuar en legítima defensa y por preservar sus territorios”.
