La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, se prepara para capacitar a más de 500 oficiales de cumplimiento del país
Panamá evalúa dar un paso significativo en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el blanqueo de capitales al considerar la implementación de la figura del oficial de cumplimiento en la administración pública, siguiendo el ejemplo de República Dominicana.
Gabriel Quintero, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, informó que se está analizando la presentación de un anteproyecto de ley para establecer esta figura en el sector gubernamental. “El oficial de cumplimiento impulsará en el Estado mayor transparencia, ética y rigurosidad en los controles, lo que contribuirá a fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales”, destacó Quintero.
República Dominicana, pionera en la región al implementar este modelo en 2021, ha demostrado los beneficios de integrar oficiales de cumplimiento en instituciones públicas con grandes presupuestos, mejorando los procesos de compras y licitaciones. Según Ramón Alberto González, presidente de la Asociación de Cumplimiento de República Dominicana, esta medida “se ha convertido en una herramienta útil para la región, especialmente en un contexto de grandes escándalos como Odebrecht y Lava Jato”. González subrayó que si Panamá adopta esta figura, “sería un gran paso y enviaría un mensaje positivo a las naciones del mundo y organismos internacionales, como el GAFI y la Unión Europea, que monitorean a los países mediante las llamadas listas grises o negras”.
Durante el Congreso de Oficiales de Cumplimiento, que se desarrolla en Panamá con la participación de más de 10 países y 70 conferencistas nacionales e internacionales, se discutió la importancia de reforzar los mecanismos de control en los países de Centroamérica. Juan Pablo Rodríguez, especialista internacional en temas de blanqueo de capitales, señaló que “los países de la región deben enviar un mensaje claro y firme a los organismos evaluadores mediante la aplicación efectiva de normas, siguiendo las 40 recomendaciones del GAFI para evitar espacios que fomenten el crecimiento del crimen organizado”.
Este congreso, centrado en temas clave como el lavado de activos, las listas grises, la lucha contra la corrupción y el financiamiento del terrorismo, refleja la urgencia de que América Latina fortalezca su posición en la medición global sobre la lucha contra la corrupción.
De aprobarse el anteproyecto, Panamá se consolidaría como el segundo país en la región en adoptar esta figura en la gestión pública, contribuyendo a robustecer los controles internos y recuperar la confianza de la comunidad internacional.
