Por Álvaro E. Batista
Abogado
La iniciativa de convocar a una constituyente ya ha sido formalizada oficialmente por varias organizaciones cívicas y políticas. Recordemos que constituyente, no es más que el proceso por medio del cual el País escoge una nueva constitución. En el proceso que ha iniciado, utilizando el artículo 314 de la Constitución Nacional Vigente, es decir la convocatoria que se hace por mandado del soberano absoluto, el Pueblo Panameño, legitimado con el 20% de las firmas del electorado, o 581,000 firmas.
Producto de la corrupción, implacable flagelo que ha penetrado todas las estructuras del país, tanto públicas como privadas, situación que viene de la mano con los abusos y excesos cometidos por la clase política tradicional, y los mismos empresarios de siempre que han lucrado de sus privilegios de impunidad en un sistema corroído, el país se encuentra en una franca situación de crisis.
Basta con observar lo que ocurre con nuestros hermanos en toda Latinoamérica, en países como Chile, Perú, Venezuela y Colombia, por citar algunos, donde el ciudadano común, decepcionado y sin esperanzas, opta por la violencia y el llamado al desorden y a la subversión. Como nos recuerda aquel refrán de origen bíblico “cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas remojo”, los panameños debemos actuar antes que la violencia y grupos más radicales se apoderen del discurso ante el descontento popular.
Para nadie es un secreto que nuestro país, a pesar de tener una larga cultura de paz, se encuentra al borde de la confrontación, crisis que viene profundizada por la falta de valores.
Sería iluso pretender que las cosas se van a arreglar solas, tan pronto se acabe la pandemia.
Más allá de los cambios constitucionales que necesariamente debe implementar este proceso, como la doble vuelta electoral, disminución del número de diputados, independencia de los gobiernos locales, y por sobre todos estos cambios, el compromiso de acabar con la impunidad y la complicidad de los órganos del estado, especialmente entre la Asamblea y la Corte Suprema, este proceso de constituyente le brinda al país, un remedio para la inminente implosión social que toca nuestras puertas.
Este proceso, además de crear los cambios necesarios para que el país se adapte a los nuevos tiempos, donde nos apartamos de un modelo constitucional de corte militarizante que data de 1972, para presentar al país un nuevo diseño constitucional contemporáneo y vigente. Pero además, el Proceso Constituyente, le da al ciudadano la oportunidad de involucrarse en la toma de decisiones, con un impacto directo en la psicología o espíritu del pueblo panameño y su carácter nacional, de integración y participación en las soluciones y los cambios profundos que el país necesita con tanta urgencia.
Por ello, el papel que institucionalmente le corresponde al Tribunal Electoral en este ejercicio democrático, tiene que ser más proactivo. Los panameños hemos sido testigos que, por lo menos al principio del llamado a la iniciativa por los distintos grupos, parecía no darle mayor trascendencia al proceso Constituyente. Aunque debo admitir que esto parece haber cambiado favorablemente.
Finalmente, es importante destacar que por regla general, la democracia y los procesos políticos tienen un costo significativo para el país, y la Constituyente no es la excepción a esa regla. Pero si consideramos esta alternativa como una distinta a una crisis social, aunado al objetivo que se persigue, que es crear las bases para poder combatir la corrupción, que es lo que realmente le cuesta un alto precio al país, entonces todos estaremos de acuerdo que la Constituyente es la mejor opción, que permita la participación ciudadana, pacifica e institucional.
