La Contraloría General de la República, a través de la Dirección Nacional de Auditoría General, ha remitido al Ministerio Público 17 nuevos informes de auditoría, como parte del plan nacional de fiscalización que se desarrolla de forma simultánea en distintas regiones del país.
Los resultados de estas auditorías revelan irregularidades que superan los 11 millones de dólares aproximadamente en Juntas Comunales ubicadas en diversos puntos del territorio nacional, con hallazgos que involucran a miembros de todas las corrientes políticas.
Con esta nueva remisión, el número total de Juntas Comunales auditadas durante el período 2019–2024 asciende a 36, dentro de la auditoría integral que contempla la revisión de 72 juntas en total en esta fase inicial. Este esfuerzo responde al mandato constitucional de vigilar, fiscalizar y garantizar el uso correcto de los recursos públicos.
“La Contraloría mantiene su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos. Ningún recurso destinado a las comunidades debe desviarse de su propósito”, subrayó el Contralor General de la República.
La institución recalcó que seguirá remitiendo al Ministerio Público todos los informes que contengan indicios de irregularidades o posibles faltas administrativas, para que sean las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades que correspondan.
Este plan de fiscalización tiene como finalidad reforzar la rendición de cuentas, proteger los recursos del Estado y asegurar que la gestión pública se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía, garantizando que cada dólar invertido llegue efectivamente a las comunidades.
