Por Antonio Vargas, abogado laboral / Yanethe Sánchez, comunicadora social
En Panamá, la situación cada día se pone más compleja, en el campo de la salud superamos la cifra de 5,176 casos positivos y 146 fallecidos, hasta hoy 24 de abril, sin embargo, los voceros del gobierno quieren presentar estas cifras como algo positivo y ya se preparan para levantar parcialmente el aislamiento social y la cuarentena, esto supone el reinicio de ciertas actividades económicas suspendidas hasta el día de hoy.
A 30 días de cuarentena el gobierno ha sido incapaz de hacerle llegar la ayuda a los sectores más pobres de la población; este programa incluye bolsas de comida y la entrega de bonos por la suma de cuarenta dólares ($40.00) esta ayuda ha sido manejada politiqueramente y hoy tiene a una población que cada día se moviliza por falta de ayuda del gobierno.
Por otra parte, no existen cifras fiables de cómo esta realidad afecta al empleo, ya que no conocemos cuántos trabajadores han sido despedidos por causa de la crisis de salud, sin embargo, el Ministerio de Trabajo, ha anunciado que se han suspendido más de 72 mil contratos de trabajo de 3,868 empresas en donde los trabajadores no están recibiendo sus salarios, estos trabajadores a pesar de tener un mes de contrato suspendido no se les ha hecho efectiva la ayuda social de ochenta dólares ($.80.00) prometida por el gobierno y tampoco se le entregan bolsas de comida, lo que crea una gran desesperanza en estos sectores.
El pueblo en general y en especial los sectores más marginados se han movilizado en protestas, porque son obligados a quedarse en casa y no le llega ni la bolsa de comida ni el bono de la ayuda social.
Como resultado de esta protesta, la Policía Nacional ha comunicado que 20,647 personas han sido detenidas por violar los toques de queda, que limitan la circulación a estas personas y se les han impuesto multas hasta de cien dólares (100.00), las cuales de no ser pagadas se les obliga a realizar trabajo comunitario.
Este panorama afecta a miles de trabajadores formales e informales de los cuales un porcentaje significativo laboran en actividades como la construcción, minería, aviación y el comercio en donde CONUSI tiene sindicatos afiliados.
En este momento FRENADESO, CONUSI y SUNTRACS son los sectores obreros y del movimiento social, que mantienen una permanente campaña de denuncias contra los abusos e irresponsabilidades del gobierno en cuanto al manejo de la crisis de salud y de empleo, incluyendo la ayuda social a las poblaciones más pobres y la represión policial a quienes protestan por falta de ayuda social del gobierno.
Hasta este momento no existen situaciones de peligro de acciones del gobierno contra nuestro sindicato, no obstante se mantiene un conflicto de permanente reclamo al Presidente de la República y a la ministra de Trabajo, por no hacer efectivo los ochenta dólares (80.00) de ayuda social a los trabajadores con contratos suspendidos y por la exigencia de que las medidas laborales que no se pueden imponer de manera unilateral. Esto incluye, que deben ser discutidas tripartitamente, también exigimos la participación de los sindicatos en la mesa económica instalada por el gobierno en donde solamente participan el sector empresarial.
Existen conflictos con empresas que están utilizando como justificación para reducir derechos de los trabajadores la crisis de salud y en cuanto a la relación con el gobierno y el Ministerio de Trabajo se da en el marco de la confrontación, ya que se exige el cumplimiento de sus obligaciones y esto genera contradicción entre ambos, sobre todo cuando existen sectores que proponen reformas al Código de Trabajo.
Por lo tanto, tomando en consideración que las organizaciones afiliadas a CONUSI FRENADESO y SUNTRACS son las únicas que junto a la población más pobre, las que alzan su voz de denuncia y cuestionamiento al gobierno y a los empresarios, es previsible que a corto plazo estas contradicciones se agudicen por lo que es necesario mantenernos en un estado de alerta.
