Autor: Luis Montero
Recientemente, la sociedad panameña ha sido estremecida por el homicidio de seis personas, incluidos niños, en la comunidad de Cerro Terrón ubicada en la Comarca Ngäbe Bugle. Los acontecimientos se dieron en el contexto de una congregación evangélica de una comunidad muy apartada.
El debate sobre las causas del suceso estalló en múltiples dimensiones, impactando primero dos colectividades sociales: las iglesias evangélicas y a la etnia originaria Ngäbe Bugle. La prudencia de la época se impuso y tanto desde esas comunidades hacia afuera como desde afuera hacia estas comunidades se dieron comunicados mesurados. En otra época y contexto se habría perdido el control en las declaraciones y hasta habrían saltado cuestionamientos hacia las etnias originarias y sus prácticas culturales o entre las confesiones religiosas, etc., dándose una especie de tensión y confrontación entre “contrarios sociales”. Tenemos antecedentes cercanos de este tipo de tensiones en el caso de la xenofilia que se estaba generando por las inmigraciones masivas, pero que, por suerte, no encontraron un detonante (hecho traumático) que encendiera la llama de un conflicto mayor.
El respeto hacia las comunidades originarias y su situación hacia las comunidades evangélicas ha sido en parte responsable de la mesura en los enfoques del tema, pero también, y apena decirlo, el que los acontecimientos se produjeran en una comunidad apartada y entre los miembros de otra cultura. Recordemos que los hechos impactan más en cuanto dependiendo de la cercanía y la afectación.
Pero en esta ocasión los señalamientos de las causas, responsabilidades, etc. han tomado mayor vuelo hacia el debate político, psicológico, sociológico e institucional.
Una de las causas que saltó a la vista es la responsabilidad que tiene el estado de mantener algún tipo de fiscalización sobre la presencia y las actividades de organizaciones sociales, culturales, religiosas o confesionales, etc.
Aquí surge un enfoque muy interesante. La sociedad crece y se hace compleja todos los días, surgen empresas, organizaciones de la sociedad civil vinculadas al interés particular y a la problemática y las necesidades materiales y espirituales de la sociedad. Así, debido a que son muchos y siguen creciendo los espacios en que el estado debía estar fiscalizando, tenemos que preguntarnos: ¿Lo está haciendo? Y si no, ¿Por qué causas no lo hace máxime cuando la ley lo obliga?
Es evidente que en muchísimos casos el estado no cumple esta labor fiscalizadora y, peor aún, permite que un gran número de ONGS, agrupaciones confesionales, fundaciones, y empresillas privadas realicen una labor social que el propio estado ha debido tomar bajo su responsabilidad, como lo son los casos de albergues, comedores, sitios de rehabilitación de drogadictos etc. .
Así pues, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones confesionales asumen las tareas sociales del estado y así, en lugar de que crezca la responsabilidad y el presupuesto de este último para organizar y resolver esta problemática, el mismo reniega públicamente de su labor.
Y el estado no solo elude esta responsabilidad, limitándose a dar apoyos desde municipios, juntas comunales, el propio Ministerio de Desarrollo Social, etc., sino que da amplísimas libertades a estas organizaciones para que lleven a cabo estas acciones.
Bajo estos términos de las relaciones entre las organizaciones civiles y el estado para que se haga el trabajo social está implícita y explícita la renuncia de este último a cumplir este tipo de responsabilidad social, lo que además podemos constatar con la debilidad presupuestaria y del accionar del Ministerio de Desarrollo Social.
Ha sido tanta la confianza del Estado en estas estructuras “de apoyo” que ha dejado de fiscalizarlas como le ordena la ley, incurriendo en la irresponsabilidad, en la ilegalidad y en la falta de ética.
En el contexto de esta alianza de conveniencia del estado con la sociedad civil (empresas filantrópicas o “con responsabilidad social”, fundaciones, ONGS, Iglesias, etc.) se encuentran aspectos tan de fondo que los propios principios del liberalismo (sistema en que vivimos) y, por qué no decirlo, de las sociedades modernas, se ponen en riesgo.
Es este el caso del principio de “separación de la iglesia del estado”. Este es un principio cuya misión en el surgimiento de los estados contemporáneos fue desplazar a las iglesias (hoy día se incluirían a las confesiones en general) de la participación del poder del estado y del control de las instancias educativas que antes controlaban y que ahora (finales del siglo XVIII y siglo XIX) deberían pasar a manos del estado laico.
Dentro de este contexto, el estado asume las responsabilidades sociales y los derechos humanos de la población bajo su jurisdicción, lo que se extiende a garantizar por lo menos tres generaciones de derechos humanos.
El problema es que, así como a empresas, fundaciones y ONGS el estado ha dado tal confianza a las confesiones en el proceso de su expansión que en muchos de los espacios territoriales donde no se hace ver el estado,
asumen el control los líderes espirituales cuya formación y cumplimiento de los derechos humanos no está garantizado por el estado por la fiscalización estatal.
He aquí nuevamente el tema del estado que no cumple con su deber.
El autor es docente universitario.
