El Primer Tribunal Superior de Justicia confirmó la suspensión de cinco días al juez séptimo civil, Guillermo Ballesteros, acusado del delito de abuso de autoridad en perjuicio de Sonama, S.A. y Sonama Panamá S.A empresas privadas, a la que impidió ejercer acciones legales hasta que se resolviera una demanda en su contra.
17 de Julio de 2024: Mediante Resolución de 17 de julio de 2024, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, declara probado el incidente de desacato e impone una multa al juez séptimo civil Guillermo Ballesteros.
18 de noviembre de 2024: El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, sanciona a juez Ballesteros por caso contra las constructoras; Sonama, S.A. y Sonama Panamá S.A., Ballesteros es investigado por la Unidad de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial
La sanción le fue impuesta por incurrir en desacato en una decisión de esta instancia superior en la disputa legal entre las empresas Sonama, S.A. y Sonama Panamá S.A., contra el consorcio MECO- ICA-FCC tras un contrato pactado e incumplido por el consorcio dentro de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá, y una pugna legal que ya tiene 13 años en la Corte Suprema de Justicia, sin un fallo definitivo.
La sanción se produce luego que Ballesteros ordenara levantar un secuestro millonario que había sido decretado contra el consorcio integrado por; MECO, ICA y FCC, pese a la decisión emitida por el Tribunal Superior.
Luego de ser recusado, paradójicamente el juez Ballesteros manifiesta estar de acuerdo en no seguir manteniendo el conocimiento del proceso con el propósito de evitar algún tipo de animadversión entre su persona y la firma de abogados demandante, por lo que pidió al Juzgado Undécimo de Circuito Civil, que accediera al incidente de recusación, se le declare impedido y, en consecuencia, se le separe del conocimiento del proceso ordinario promovido por los demandantes.
La sospechosa y parcializada actuación del juez séptimo civil, ha provocado un trastocamiento en el proceso que; contra el consorcio MECO-ICA-FCC, iniciaran en el año 2013, las empresas Sonama y Sonama Panamá S.A, a quienes se les subcontratara para el proyecto de excavación y de movimiento de tierra del proyecto de expansión del Canal de Panamá, contrato que fue incumplido por la triada de empresas constructoras denominada el consorcio, provocando daños y perjuicios millonarios a las empresas subcontratadas; Sonama y Sonama Panamá S.A.
El juez Guillermo Ballesteros, si bien fue separado del caso, únicamente fue multado y se mantiene en su cargo mientras continúa “administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”
Casos emblemáticos
1996, Caso Faundes: El entonces magistrado de la CSJ José Manuel Faúndes fue acusado de beneficiar con sus fallos a narcotraficantes, fue separado de su cargo y juzgado por la Asamblea Legislativa, fue un proceso que duró más de tres años y al final quedó sin respuesta. La Asamblea Legislativa no pudo condenar al magistrado al no lograr los votos necesarios para sacarlo de la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Justicia determinó que Faúndes había sido designado para un periodo de diez años y que no podía ser removido del cargo hasta cumplir con ese periodo. Se tuvo que permitir que se reintegrara al puesto. Después que se ordenó su regreso en el año 2002, Faúndes renunció al cargo y dos años después falleció.
Caso Moncada Luna
Alejandro Moncada Luna, magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, fue condenado a 60 meses de prisión por enriquecimiento injustificado, falsedad ideológica, blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios en un caso inédito. Moncada Luna fue presidente de la CSJ entre los años 2012 y 2013.
Moncada Luna no pudo justificar durante el juicio las propiedades y cuentas bancarias que mantenía en su poder y logró un acuerdo de pena. Después de pasar tres años y cinco meses en la cárcel el ex magistrado recuperó la libertad en marzo de 2018 y actualmente ejerce la abogacía.
Acusaciones contra Ayú Prado y el pacto de no agresión entre magistrados y diputados.
José Ayú Prado, fue fiscal de drogas, procurador general de la nación y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la que presidió por dos periodos consecutivos.
Durante su cuestionada presidencia se presentaron ante la comisión de credenciales de la Asamblea de Diputados, más de una docena de denuncias en las que se le acusaba de la presunta comisión de delitos contra la administración pública como el abuso de autoridad, usurpación de funciones públicas, corrupción de servidores públicos, y peculado.
En los expedientes se ponía en duda las actuaciones de Ayú Prado cuando fue procurador de la nación y como magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia
El exjuez Alexis Ballesteros, lo denunció por supuestamente haberlo presionado para que fallara a favor de allegados del expresidente Ricardo Martinelli. Al final de sus diligencias, el exjuez expresó decepcionado en la comisión de credenciales, “diputados y magistrados tienen un pacto para protegerse mutuamente
El abogado y activista pro derechos humanos Carlos Lee, lo denunció por peculado de uso, por los gastos en viajes al extranjero y excesivos viáticos cobrados. Finalizada la sesión indicó que la actitud de los diputados de no investigar, deja un mensaje “muy negativo” sobre el rol constitucional que tienen que cumplir.
Los diputados votaron para archivar los casos (ocho votos a favor y uno en contra) alegaron que no tenían elementos de convicción que sustentaran los hechos.
En entregas posteriores seguiremos revelando información que deja al descubierto como opera el tráfico de influencias en la administración de justicia en Panamá y los nombres de sus protagonistas.
