La lucha contra la corrupción no puede seguir esperando. El Proyecto de Ley 291 – Ley General Anticorrupción, presentado por el Procurador General de la Nación, marca un punto de inflexión para Panamá. Esta iniciativa representa una oportunidad histórica para lograr un marco legal moderno para fortalecer la capacidad del Ministerio Público en el combate de los delitos contra la administración pública y así reconstruir la confianza en el Estado. Urge que sea debatido en la Asamblea Nacional.
No se trata de una simple reforma penal, sino de una apuesta por la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. El proyecto amplía los plazos de prescripción, regula la colaboración eficaz, fortalece el rol y refuerza la autonomía del Ministerio Público y promueve la cooperación internacional en casos complejos. Todo bajo control judicial, garantizando el debido proceso y los derechos de los investigados.
Desde APEDE respaldamos esta iniciativa porque sin transparencia no hay desarrollo, y sin justicia no hay confianza. Durante años, la debilidad procesal y la falta de herramientas efectivas han permitido que los casos de alto perfil de corrupción se pierdan entre auditorías inconclusas o prescripciones anticipadas. El resultado ha sido una sensación generalizada de impunidad que debilita las instituciones y desalienta la inversión.
Por esta razón, como país no podemos darnos el lujo de atender las voces que, bajo la apariencia de una supuesta violación al debido proceso, pretenden descalificar el proyecto. Debemos tener la valentía de analizarlo con rigor y, si es necesario, introducir las mejoras que correspondan. Pero lo que no podemos hacer es descartarlo ni permitir que quede sepultado.
Esta ley —si se implementa con rigor técnico y voluntad política— puede cambiar el rumbo. Panamá necesita, en la esfera penal, un nuevo marco jurídico que cierre los espacios de discrecionalidad que tanto daño hacen a la economía y a la reputación del país.
Esto último no es mera especulación contemplativa. Los indicadores sobre corrupción tienen un efecto directo en la confianza, la inversión y el costo del financiamiento. Las calificadoras de riesgo Moody’s, S&P y Fitch incorporan estos resultados en sus metodologías: cuando las instituciones se debilitan, el país pierde credibilidad, el costo del capital sube y el grado de inversión se ve amenazado. Por el contrario, cuando la justicia y la transparencia se fortalecen, el país gana acceso a capital en mejores condiciones y se convierte en un destino confiable para los negocios.
La gobernanza se ha convertido en el nuevo cimiento del crecimiento económico. Ya no basta con tener finanzas ordenadas: los países que cuentan con instituciones sólidas y transparentes logran crecer más, atraer inversiones y generar empleo de forma sostenida. Según el World Economic Outlook 2024 del Fondo Monetario Internacional, las economías con mejores indicadores de gobernanza crecen entre 1.5% y 2% más rápido que aquellas con instituciones débiles, gracias a un uso más eficiente de los recursos públicos y a una mayor confianza de los inversionistas.
En el caso de Panamá, los datos muestran que todavía tenemos mucho por mejorar. De acuerdo con Transparencia Internacional (2024), el país obtuvo una calificación de 33 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en la posición 114 entre 180 países, un resultado inferior al alcanzado en 2018 (37/100).
El World Justice Project (2024) nos sitúa en el puesto 72 de 142 en el indicador de Estado de Derecho —por debajo de naciones como Chile (36) y Costa Rica (29). Por su parte, el Banco Mundial en su indicador de Gobernanza del 2023 señaló que Panamá se encuentra en la posición 30 en Control de la Corrupción y en la 43 en Efectividad Gubernamental, lo que significa que solo supera a un tercio de los países evaluados.
La evidencia internacional lo demuestra: Un estudio del Banco Mundial del 2019 estima que una mejora de 10 puntos en los indicadores de control de la corrupción puede elevar la productividad total de los factores hasta en 1% anual. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) confirma que las economías latinoamericanas con mayor transparencia —como Uruguay y Chile— han mantenido un crecimiento per cápita 1.8 veces superior al de sus pares con menor calidad institucional durante la última década.
Estos resultados nos recuerdan una verdad sencilla: la gobernanza pesa más que las finanzas públicas. Podemos tener cuentas fiscales ordenadas, pero si la justicia no actúa con independencia y la corrupción se percibe como sistémica, el país se vuelve menos atractivo, el crédito se encarece y la inversión se aleja.
Panamá debe acompañar esta ley con mecanismos concretos: auditorías independientes, trazabilidad digital del gasto público, portales de datos abiertos y sistemas de denuncia seguros. La tecnología puede y debe ser un aliado en esta cruzada.
El sector privado también tiene un rol esencial. Promover la ética corporativa, la transparencia en la contratación y la rendición de cuentas no es solo un deber moral, sino una inversión en competitividad. En un mundo donde los mercados valoran la gobernanza tanto como los resultados financieros, la integridad se ha convertido en una ventaja estratégica.
Panamá puede y debe ser ejemplo de un país que aprende de sus tropiezos. Tenemos talento, instituciones que pueden mejorar y un sector privado comprometido con el cambio. Este es el momento de alinear nuestras acciones con los valores que proclamamos: justicia, transparencia y desarrollo sostenible. Porque solo un país confiable puede construir un futuro próspero. Y ese futuro depende, más que de las cifras, de nuestra capacidad de creer —y de hacer creer— que en Panamá la ley se cumple.
