El juez séptimo civil ha sido acusado y sancionado varias veces por los delitos de abuso de autoridad y desacato pero sorpresivamente se mantiene en el cargo.
En noviembre de 2003 el abogado Carlos Herrera Morán interpuso una denuncia penal por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en contra del juez séptimo civil de circuito, Guillermo Ballesteros, para el que además solicitó la suspensión del cargo y el impedimento de salida del país.
La denuncia se basa en que el bufete que representaba los intereses del Banco de Santander, presentó una demanda ante el Juzgado Séptimo Civil para invalidar una sentencia ejecutoriada de casación civil, de 30 de agosto de 2001, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia de la Corte ordenaba devolver varios millones de dólares de un depósito hecho hace una década por la empresa Yakima Int.
Según el abogado Herrera Morán, la demanda de Morgan & Morgan tenía como fin ilícito que el Juzgado Séptimo Civil, que era incompetente para conocer y resolver ese caso, excluyera al Banco de Santander del pago señalado en la parte resolutiva de la sentencia ejecutoriada de casación civil, de 30 de agosto de 2001. El abogado acusó en aquel momento al juez Ballesteros de retardar la decisión de un incidente de nulidad, sin justificación válida.
En agosto de 2012 el Primer Tribunal Superior de Justicia le negó una acción de inconstitucionalidad que presentó el juez séptimo civil, Guillermo Ballesteros, como parte del proceso disciplinario en su contra al ser acusado de abuso de autoridad y sancionó a Ballesteros con cinco días de suspensión. El 29 de junio de ese mismo año, la Fiscalía Tercera Anticorrupción pidió el llamamiento a juicio de Ballesteros.
El 24 de julio del año 2012: El Primer Tribunal Superior de Justicia confirmó la suspensión de cinco días al juez séptimo civil, Guillermo Ballesteros, acusado del delito de abuso de autoridad en perjuicio de Yakima INT. empresa a la que impidió ejercer acciones legales hasta que se resolviera una demanda en su contra.
El 17 de agosto de 2024: Mediante Resolución de 17 de julio de 2024, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, declara probado el incidente de desacato e impone una multa de 500 dólares diarios al juez séptimo civil Guillermo Ballesteros.
El 18 de noviembre de 2024: El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, sanciona a juez Ballesteros por el caso contra las constructoras; EL CONSORCIO, ICA, FCC Y MECO. Paralelamente Ballesteros está siendo investigado por la Unidad de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial.
La sanción le fue impuesta por incurrir en desacato en una decisión de esta instancia superior en la disputa legal entre las empresas Sonama, S.A. y Sonama Panamá S.A., contra el consorcio ICA – FCC Y MECO tras un contrato pactado e incumplido por el consorcio dentro de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.
La sanción se produce luego que Ballesteros ordenara levantar un secuestro millonario que había sido decretado contra el consorcio integrado por; ICA, FCC Y MECO, pese a la decisión emitida por el Tribunal Superior.
Luego de ser recusado, paradójicamente el juez Ballesteros manifiesta estar de acuerdo en no seguir manteniendo el conocimiento del proceso con el propósito de evitar algún tipo de animadversión entre su persona y la firma de abogados demandante, por lo que pidió al Juzgado Undécimo de Circuito Civil, que accediera al incidente de recusación, se le declare impedido y en consecuencia, se le separe del conocimiento del proceso ordinario promovido por los demandantes. A pesar de la solicitud expresa del juez Ballesteros, inexplicablemente el Juzgado Undécimo no reconoce la recusación, por lo que el bufete, Galindo Arias y López en representación de Sonama S.A. y Sonama Panamá ha presentado el pasado viernes 6 de junio, un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
La sospechosa y parcializada actuación del juez séptimo civil, ha provocado un trastocamiento en el proceso que; contra el consorcio MECO-ICA-FCC, iniciaran en el año 2013, las empresas Sonama y Sonama Panamá S.A
Pese a todas estas controversiales actuaciones, incumplimientos y sanciones, el cuestionado juez Guillermo Ballesteros, no ha sido separado del caso, únicamente fue multado pero se mantiene en su cargo mientras continúa “administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”
