Por Jorge I. González
Abogado
En la actual coyuntura de crisis nacional, diversos actores sociales han desarrollado un papel importante en el rechazo a las medidas del gobierno de José Mulino, una dictadura de apariencias formales seudo democráticas, que no ha vacilado en usar todas las formas de represión y manipulación necesarias para pervertir el carácter de las instituciones del estado, y direccionarlas a la finalidad de imponer a sangre y fuego el ajuste neoliberal. En este artículo queremos abordar analíticamente a uno de esos actores esenciales del movimiento popular, nos referimos a los docentes del sector público.
Los docentes cumplen 60 días de batalla, es decir, dos meses de huelga indefinida y movilización a escala nacional, sin paga salarial, teniendo entre las banderas fundamentales de lucha, el retorno al sistema solidario de seguridad social y el rechazo a la impopular Ley 462, que impone en la práctica un aumento en la edad de jubilación, toda vez que, en adelante, los cotizantes quedan obligados a trabajar ininterrumpidamente desde la adolescencia hasta los 57 años las mujeres y 62 años los hombres, para optar por una jubilación apenas funcional económicamente. De no cumplirse tales crueles condiciones, es decir, cotizar casi desde la niñez y tener empleo por siempre, entonces la jubilación final será más mucho más pírrica, respecto de lo que ya de por sí era para cientos de miles de compatriotas. Así, la tiranía nos condena a trabajar hasta la muerte, a cambio de una jubilación que no corresponde al ascendente costo de la vida.
El repudio al memorándum de entendimiento militar con Estados Unidos, lesivo a la soberanía, y el rechazo a la reapertura de la mina en Donoso, también son banderas reivindicativas del movimiento magisterial y popular. Antes del estallido de la huelga, activada por la promulgación de la Ley 462, vimos como los docentes en unidad a diversos sectores sociales, llevaron a cabo numerosas jornadas de lucha, consistentes en marchas, vigilias, bloqueos pacíficos y paros de 24 horas de advertencia, con el objetivo de fomentar conciencia en torno al tema y expresar en las calles el sentir del pueblo. Según las encuestas de entonces y ahora, la mayoría de la población rechaza la Ley 462.
Los gremios docentes unificados participaron de todas las instancias de presentación de propuestas, buscando que la voz del pueblo fuera considerada por el ejecutivo y el legislativo, sin embargo, la dictadura implementó tácticas políticamente mafiosas de clientelismo en la Asamblea Nacional, y contando con el consenso favorable de hegemónicos grupos económicos-mediáticos, logró aprobar el cambio reaccionario a la Ley de la Caja de Seguro Social. En respuesta, los sectores populares se declararon en estado de lucha, con los docentes a la vanguardia, junto a obreros, estudiantes secundarios y universitarios, pueblos indígenas, comunidades organizadas y el movimiento de mujeres.
En los dos largos meses de huelga que transcurren, los docentes del país han aguantado sol, lluvia, represión policial, persecución, detenciones, cerco salarial, allanamientos, medidas de asedio por parte de la banca, así como campañas de estigmatización promovidas por la dictadura, empezando por el propio presidente y su ministra de educación, en la que tampoco han faltado, muy probablemente, las granjas de bots y call centers buscando desprestigiar a los docentes, soñando con aislarlos, desmoralizarlos y derrotarlos. Todas esas tácticas han fracasado. Los docentes siguen en pie de movilización, con una impresionante unidad, resistencia y mística.
En la capital, el metro de la Iglesia del Carmen fue reactivado por el movimiento docente como epicentro de acciones, igual que las jornadas anti mineras de 2023, lo cual confirma como bastión de lucha de los docentes metropolitanos. En Santiago, los docentes junto al resto del pueblo han hecho de la ciudad uno de los baluartes. En Colón, David, La Villa de los Santos, Chitré, y Panamá Oeste, la organización magisterial ha logrado mantener un importante pie de beligerancia.
Los educadores de Bocas del Toro y el pueblo Ngöbe Buglé, desarrollan páginas de heroísmo, cuyo sacrificio trasciende las fronteras ante la ofensiva militar del estado y la suspensión de la garantía fundamentales en la provincia, que constituyen una auténtica violación masiva y estructural de derechos que pudieran considerarse crímenes de lesa humanidad, susceptibles de intervención del sistema americano de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas. La comunidad de Arimae, del pueblo Emberá Wounan, y la movilización del pueblo Kuna, también han sido importantes muestras de lucha social en la capital y la región este del país.
En nuestro artículo “Suspensión de garantías o crímenes de lesa humanidad”, hicimos un exhaustivo balance sobre las graves violaciones de derechos humanos y las implicaciones jurídicas de ello de acuerdo a nuestra Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al habeas corpus, y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.
A nivel nacional, dirigentes como Fernando Ábrego, Nelva Reyes, Alberto Díaz, Diógenes Sánchez, Dalia Morales, Juan Ramón Herrera, Luis Sánchez, Irán Smith, Guadalupe Camargo, Armando Guerra, Edy Pinto, Joaquín Rodríguez, Armando Espinoza, Nidia Aguirre, Mario Almanza, Armando Barrios, Eric Acevedo, Deyanira Cárdenas, Julio Troya, Abdiel Becerra, Fernando Escobar, Felipe Yañez, José Cambra, Jesús Alemancia, Florencio Díaz, entre otros (as), destacan como referentes de lucha que han estado a junto de decenas de miles de educadores, a pie de cañón en extenuantes jornadas de defensa del pueblo. El Frente de Acción Magisterial, FAM, la gran coordinación unitaria de los gremios educativos del país, ha sido la columna vertebral de la resistencia nacional a la Ley 462, en alianza a los indígenas, estudiantes, sindicatos obreros y profesionales solidarios.
La postura de los docentes panameños y panameñas contra la Ley 462, el rechazo al memorandum con EE. UU. lleno de claros visos de inconstitucionalidad (violatorio del artículo 325 de la Carta Magna), y la firme oposición del magisterio a las intenciones de mantener la mina a cielo abierto; son causas sociales que consagran a los educadores como auténtica vanguardia moral. El movimiento docente de 2025 ya es parte de la historia nacional.
28 de julio de 2025
